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Lecturas de Interés


  A NUESTROS ELECTORES

Que esta nota sirva para expresar nuestro profundo agradecimiento y nuestra eterna gratitud por el respaldo que nuestro proyecto  político "UNÁMONOS", y nuestros candidatos al Senado y a la Cámara recibieron de usted y a la vez se convierta en un llamado a continuar en esta lucha redoblando esfuerzos, corrigiendo errores y aumentando nuestra corriente en procura de lograr más temprano que tarde el objetivo propuesto.

Los treinta mil votos alcanzados (30.000) para SENADO y los treinta y cinco mil (35.000)en las siete CANDIDATURAS a CÁMARA no fueron suficientes  para asegurar nuestra presencia en el parlamento colombiano garantizando nuestra participación, desde ese escenario, en los grandes debates que se avecinan.  La caótica situación política y social del país nos obliga a reiterar nuestro sagrado compromiso de seguir dando la batalla por la defensa de la Seguridad Social Integral desde nuestros puestos de trabajo y en cualquier otro sitio donde nos encontremos hasta cuando los procesos políticos y democráticos hagan un nuevo llamado a medir nuestras fuerzas.

"UNÁMONOS  PARA SALVAR A COLOMBIA"

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

PEDRO A. CONTRERAS R.            EDUARDO MENDOZA NEIRA
         Presidente                                        Secretario General

  BALANCE ELECTORAL
La opinión pública está polarizada frente al conflicto armado y al terrorismo y, ha dejado de lado los temas sociales.

Por: HERMAN REDONDO GOMEZ
         Primer Vicepresidente

A pesar de que la opinión pública denigra de la clase política tradicional, está demostrado que las viejas prácticas de politiquería y compraventa de votos siguen produciendo resultados; así sea encareciendo el valor de las campañas, los políticos tradicionales se las arreglan para salir reelegidos una y otra vez, lo que hace más difícil y desigual la contienda electoral.

Lo anterior quedó demostrado en las pasadas elecciones del 10 de marzo, donde ganaron los aspectos coyunturales, pero más ganó el proselitismo armado, el clientelismo y la corrupción; así mismo, quedó demostrada la obsolescencia de los partidos tradicionales y el crecimiento de los sectores independientes.

Pero lo que se antepuso a cualquier otra consideración fue el debate y la posición frente al conflicto armado y el terrorismo, en sacrificio de propuestas como la del Movimiento UNÁMONOS que plantea temas de fondo social. En esta oportunidad, la Salud, la Educación y la Seguridad Social Integral quedaron rezagadas a un segundo lugar para la opinión pública.

Por el momento político tan complejo que vivimos, por la polarización que genera la campaña presidencial, esto era presumible. El Movimiento UNÁMONOS no podía cambiar su filosofía ni sacrificar su independencia; lo preocupante es que el sector de la Salud no lo entienda así y caiga como el país entero en la orgía sanguinolenta de una guerra sin cuartel, en la que las balas no escogen destino. En todo caso, como la Misión Médica y Sanitaria dentro de los principios del Derecho Internacional Humanitario, en este conflicto hay quienes nos mantendremos al margen del mismo, porque no somos sus actores, sino sus víctimas.

Gracias por el respaldo de 30.000 compatriotas a nivel nacional y gracias por el respaldo de 14.000 en Bogotá que reconocieron nuestra voz y entendieron nuestro mensaje.

Esta es una página más en la lucha indeclinable de quienes desde el sector de la salud estamos convencidos de la importancia de un verdadero modelo de Seguridad Social Integral como factor generador de equidad y de justicia social, indispensables para la convivencia pacífica. Con el apoyo constante de personas sensibles a estos temas, la verificada trayectoria de lucha del Movimiento UNÁMONOS permite presagiar que un día no lejano, obtendremos nuestros objetivos. Por ello, no desmayaremos; al contrario, persistiremos en nuestros objetivos, sin declinar nuestros principios.

Por sugerencia de un colega, transcribo una poesía de Almafuerte, un poeta español de finales del XIX que viene al caso:

"No te des por vencido, ni aun vencido.
No te des por esclavo, ni aun esclavo.
Trémulo de pavor muéstrate bravo
y arremete feroz ya malherido.

Ten el  tesón del clavo enmohecido
que roído y ruin, aun es clavo.
No la cobarde intrepidez del pavo
que amaina su ropaje al primer ruido.

Procede como Dios que nunca llora;
como lucifer que nunca reza;
como el robledal que en su grandeza,
necesitando agua, no la implora.

Que ruja y vocifere vengadora
aun rodando por el suelo tu cabeza"
  INTERMEDIACION COSTOSA E INNECESARIA
Por: JAIME CUERVO SAAVEDRA
Seguramente Tolstoi el autor de la Guerra y la Paz, encontraría en nuestro país un campo fértil para desarrollar su imaginación y tal vez no hallaría limites geográficos ni temporales para analizar una patología colectiva que desborda los limites de cualquier intento de convivencia civilizada.

El entorno social, político y económico a las puertas de una elección presidencial es de gran incertidumbre y podríamos afirmar, de un caos organizado, del cual paradójicamente puede resultar algo que modifique el rumbo equivocado que en los diversos ordenes se ha venido orientando a la colectividad nacional.

Es conveniente revisar algunos temas generales para situarnos en la posibilidad de analizar objetivamente la participación en el proceso electoral.

Después de pasar por circunstancias muy difíciles y ajustes de toda índole, el sector salud se encuentra sometido a los vaivenes del mercado con liquidaciones a diestra y siniestra, aumentado gradual y progresivamente  sus inequidades y ahondando las diferencias entre los grupos que tienen acceso a servicios de salud de primera segunda o tercera categoría según el caso;  es decir medicina para sectores exclusivos o prepagada , con acceso muy limitado y alta concentración de recursos financieros y tecnológicos; la que corresponde a sectores medios, léase régimen contributivo con un Plan Obligatorio de Salud que cada día tiende a disminuir en contenido y a encarecer sus costos como son las cuotas moderadoras y copagos y el régimen subsidiado con un plan de salud a todas luces insuficiente e inequitativo.

Todo este conjunto nos muestra un panorama de cobertura, siendo muy optimistas de un 50 % de la población, a distancias muy grandes de lo que sería la universalidad.  El balance de la salud en consecuencia no es nada halagador; termina otro gobierno y los supuestos sobre los cuales  se debía cumplir con uno de los postulados de la Ley 100 están cuestionados y muy lejos de ser una realidad.  La Ley 715 que define las transferencias de la nación hacia los entes territoriales constituye en la práctica un nuevo mecanismo para facilitar el avance de medidas de ajuste promovidas por la inefable banca de crédito internacional.

El aumento del empleo formal y el crecimiento económico constituyen para los colombianos una especie de quimera con escasas posibilidades de ser una  realidad siquiera a mediano plazo.

El espejismo de las cifras no parece descrestar ya a nadie; el DANE en cifras recientes habla de que en el último trimestre  la tasa de desempleo bajó (¿) del 16.7% al 16.4% pero no tienen en cuenta el crecimiento del subempleo en 448 mil personas, ni tampoco la tasa de participación laboral, porcentaje de la población que busca empleo de una forma activa, la cual disminuyó  del 63% al 62%, debido entre otras cosas al ciclo que conduce a las personas del pesimismo a la desesperanza y de allí al fatalismo, en la búsqueda de condiciones siquiera mínimas para obtener su modus vivendi.

Por el lado de la salud pública el panorama nos muestra aumento de enfermedades transmisibles como malaria, cólera, dengue hemorrágico entre otros, demostrando un sector sin dolientes y con pocas alternativas de fortalecerse; el impacto de las acciones de control y promoción de enfermedades como las citadas anteriormente es casi nulo y lo que se advierte en los núcleos de población con altas posibilidades de enfermarse es frustración colectiva frente a un modelo inoperante para sus fines primordiales: Universalidad, Integralidad, Equidad, pero útil y rentable para los grandes intermediarios.

¿ Cual es el papel actual del Estado en este escenario?  Básicamente se reduce a buscar el cumplimiento de los pactos entre los diferentes componentes del mercado.

El fenómeno de las ARS es muy claro en este sentido; el desmonte del subsidio a la oferta sin una adecuada auditoría ha permitido que los recursos destinados a estos sectores de la población se diluyan de una forma alarmante.

La mayor parte de las funciones de cualquier A.R.S. es asumida en la práctica por hospitales con los cuales se contrata la atención de los pacientes a su cargo, por lo cual es fácil concluir  que la presencia de las mismas obedece  únicamente a una intermediación altamente costosa e innecesaria .

Frente a este panorama es conveniente analizar que opciones existen para mejorar la calidad de vida de la población general, o avanzar en la satisfacción de necesidades humanas, teniendo en cuenta el altísimo porcentaje de nacionales con necesidades básicas insatisfechas con que cuenta nuestro país.

No tendría sentido ni racionalidad afrontar de una forma individual esta patología, que solo puede resolverse mediante un dialogo fecundo y humanizado.

El sistema político y social consecuencia de un modelo de desarrollo equivocado y contradictorio de las últimas décadas ha originado males innecesarios, a los cuales solo puede oponerse válidamente la voluntad de apertura social y democrática.

La profundización del modelo económico actual con sus secuelas de miseria, desempleo y aumento de las necesidades básicas insatisfechas, es una opción poco atractiva.  "La Paz como Derecho y Deber de obligatorio cumplimiento" según el enunciado constitucional no debe continuar como letra muerta, ni tampoco debe constituir la prosperidad de unos y el desangre de otros.

La construcción de un modelo alternativo de desarrollo que recupere las bases de un Estado Social de Derecho, pasa ineludiblemente por el reconocimiento de los derechos naturales del ser humano expresados en la política de bienestar social que asuma la Seguridad Social como estrategia del Estado ligada a los necesarios procesos de transformación social, como premisas para lograr una redistribución equitativa de la riqueza y garantizar efectivamente los derechos constitucionales de los Colombianos.  ¡Los electores tenemos la palabra!
  AMIGOS DEL HSJD

Desafortunadamente, la posibilidad de reapertura de nuestro Hospital es cada vez más lejana, debido al curso de los acontecimientos, consecuencia de la indeterminación y el abandono del Gobierno frente al problema.  No debemos olvidar que los trabajadores llevan tres (3) años sin recibir salarios ni prestaciones.

El viernes 3 de mayo, estando en reunión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS), recibí una llamada de Emperatriz Avila, la Presidente del sindicato SINTRAHOSCLISAS, para informarme y solicitarme ayuda ante el Ministro de Salud, en razón a que el lunes 6 serían desalojados por la policía los ocupantes de las instalaciones del Hospital por orden del Alcalde Menor en respuesta a una querella interpuesta por el interventor de la Superintendencia, Dr. Cesar Augusto Sánchez Vásquez.

Afortunadamente, el Ministro ante la posibilidad de una batalla campal de desalojamiento con tanques y piquetes de policía, intervino ante la Secretaria de Gobierno de Bogotá  para evitar una tragedia.  Sin embargo, el suceso develó una circunstancia que estimo de suprema gravedad:  Hoy estan viviendo en las instalaciones del Hospital (Pabellón San Lucas, Unidad de Salud Mental, Antigua Guardería, Centro de Salud y noveno piso del Hospital) cerca de 60 familias de trabajadores, unas 250 personas, incluidos niños y personas ajenas a la Institución.  Inclusive hay denuncias de negocios, venta de licores y discoteca.

Es evidente que con la diligencia se evitó una tragedia, pero de alguna manera se aceptó que la invasión lleva más de treinta días y que esas personas solo podrán ser desalojadas por acción judicial que lleva mucho tiempo.  El peligro consiste en que la invasión se estimule y las instalaciones del HSJD se continúen convirtiendo en un inquilinato que haga imposible su desalojo e inalcanzable su reapertura.

Es evidente también que el problema se le salió de control al Sindicato; ya no es solamente un problema sindical, ni de liquidación o no del Hospital, hoy es un problema social y de orden público mucho más profundo.

Dios quiera que me equivoque y que mi percepción sea errónea y exagerada.  A pesar de todos los obstáculos es nuestra obligación continuar buscando caminos que nos permitan lograr una pronta solución, para la reapertura del Hospital y el pago de los salarios y prestaciones a sus sufridos trabajadores.


HERMAN REDONDO GOMEZ M.D.
Primer Vicepresidente


  NUEVO CODIGO DISCIPLINARIO UNICO

Por:    CARLOS ALBERTO RAMIREZ MAYA
    Tesorero del Movimiento

El Congreso de la República dictó la Ley 734 del 5 de febrero de 2002,  por medio de la cual se expide el Código Disciplinario Único, que entró en  vigencia el 5 de mayo de 2002.

El Código consta de 4 libros y 224 artículos, correspondiendo el libro I a la parte general, el libro II a la parte especial, el libro III al régimen especial  y el libro IV al procedimiento disciplinario.

Se señalan nuevos principios rectores como el de la ilicitud sustancial que considera la falta como antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna, es decir, la desliga de los efectos.

En la finalidad del proceso se incluye la prevalencía de la justicia, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas.  En el principio rector de la celeridad de la actuación disciplinaria, que implica el impulso oficioso, se le ordena al operador disciplinario cumplir estrictamente los términos.

Otra innovación son los principios de la motivación de las decisiones de fondo y la proporcionalidad de la sanción, que debe corresponder a la gravedad de la falta cometida.

En la prevalencia de los principios rectores se incluyen los tratados internacionales sobre derechos humanos y los convenios internacionales de la O.I.T. ratificados por nuestro país y en lo no  previsto en la Ley se dispone la aplicación del Código Contencioso Administrativo de preferencia a los Códigos Penal, de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil.

CAMPO DE APLICACION:

Continua aplicándose a la totalidad de los servidores públicos, que lo son,  de acuerdo al artículo 123 de la Constitución Nacional: los miembros de las corporaciones públicas, los empleados públicos y trabajadores oficiales del Estado y de sus entidades descentralizadas.  

Se incluyen como sujetos disciplinables los particulares: que ejerzan funciones públicas, en lo que tiene que ver con estas; que cumplan labores de interventoría en los contratos estatales; presten servicios públicos a cargo del Estado en salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable y quienes administren recursos públicos, incluidos los indígenas.  Estos particulares solo responden por faltas gravísimas y son disciplinables exclusivamente por la Procuraduría General de la Nación.

CLASIFICACION DE LAS FALTAS:

Las faltas disciplinarias se continúan clasificando como: leves, graves y gravísimas, la innovación de este código es que aumenta alarmantemente las conductas que constituyen falta gravísima, las cuales pueden ascender fácilmente a más de seiscientas distribuidas así: 70 expresamente señaladas en la Ley, 325 que corresponden a tipos penales dolosos, 125 que están señaladas en la Constitución y en la Ley como causales de mala conducta o previstas con sanción de destitución o remoción y todas las que constituyen conductas de genocidio (10), violación al derecho internacional humanitario (33) y violación al régimen cambiario o aduanero (33).  También se incluyen veinte (20) conductas violatorias del régimen carcelario.

El numeral 29, artículo 48, de la Ley 734 de 2002, considera como falta gravísima la de celebrar contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones públicas o administrativas que requieran dedicación de tiempo completo e impliquen subordinación y ausencia de autonomía respecto del contratista, salvo las excepciones legales.

Al parecer este artículo busca resolver un problema, que afecta en mayor medida al sector de la salud, donde buena parte de los cargos de planta han sido suprimidos y reemplazados por contratos de prestación de servicios personales subordinados, con las consiguientes consecuencias de orden legal.  Se espera que la solución de está problemática (nóminas paralelas) no continúe pasando por disfrazar la vinculación laboral.

Para determinar la gravedad o levedad de la falta se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

Grado de culpabilidad; la naturaleza esencial del servicio; grado de perturbación del servicio; la jerarquía y mando del servidor; la trascendencia social de la falta o el perjuicio causado; las modalidades y circunstancias del hecho y los motivos determinantes; cuando la falta se realice con la intervención de varias personas, sean particulares o servidores públicos.

LAS SANCIONES:

Se termina con la clasificación de principales y accesorias y se aumentan en forma desmesurada:

   Amonestación escrita con registro en la Hoja de Vida, para las faltas leves culposas.
   Multa de 10 a 180 días de salario, para las faltas leves dolosas.
   Suspensión de uno (1) a doce (12) meses, para las faltas graves culposas.
   La suspensión en el ejercicio del cargo de uno (1) a doce (12) meses y la inhabilidad especial por el mismo término, para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas.
   La destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima.

La destitución implica la terminación de la relación del servidor público con la administración, la imposibilidad de ejercer la función pública entre diez (10) y veinte (20) años y la exclusión del escalafón o carrera.  En caso de que se afecte el patrimonio del estado la inhabilidad es permanente. Se regula la inhabilidad sobreviniente  y el término de la misma por condena: fiscal, por acción de repetición o llamamiento en garantía.  

En lo referente al conflicto de intereses, se ordena al servidor público declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero (a) permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho.  En todo caso que el interés general entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse impedido.

En esté sentido es conveniente revisar, en el sector salud, algunos aspectos de la remisión de pacientes de entidades públicas a entidades privadas, que podrían llevar a la imposición de sanciones a los servidores públicos remitentes por existir conflicto de intereses.

El términos del Código Penal la conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción y quiere su realización o cuando ha sido prevista como probable y su no producción se deja al azar.

Como culpa entiende el resultado típico producto de la infracción al deber objetivo de cuidado que el agente debió preveer por ser previsible,  o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo.

En palabras más sencillas el dolo es el ánimo, el querer cometer la falta y la culpa corresponde al resultado no deseado.  El Código considera como culpa gravísima la ignorancia inexcusable, la desatención elemental y la violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento y define como culpa grave la inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.

PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIA:

Con algunas modificaciones el Código mantiene el procedimiento verbal (en audiencia pública) y el procedimiento ordinario (escrito).

El procedimiento verbal se aplica cuando el sujeto disciplinable es sorprendido en el momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta; cuando haya confesión; cuando la falta sea leve; para algunas faltas gravísimas y cuando al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación están dados los requisitos para proferir pliego de cargos.  De esta manera el Código avanza hacia el procedimiento oral.

Corresponde a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la respectiva entidad adelantar el proceso disciplinario y tomar la decisión en primera instancia.  En el procedimiento verbal la apelación corresponde resolverla al superior inmediato y en el procedimiento ordinario al nominador.  Constituye un retroceso el hecho de que se asigne a un mismo funcionario la facultad de investigar y fallar, lo que seguramente restará objetividad al momento de proferir la decisión.

OTRAS MODIFICACIONES  

Se elimina el grado jurisdiccional de consulta, que operaba antes contra los fallos absolutorios de primera instancia y los que imponían como sanción la amonestación escrita.

Se reduce el término para interponer los recursos de reposición y apelación de 5 a 3 días, si la decisión se profiere en audiencia debe interponerse en el transcurso de la misma.  El término de la investigación, en el procedimiento ordinario, se reduce de hasta 12 meses a 6 meses.  Se mantiene la posibilidad de adelantar indagación preliminar hasta por un término máximo de 6 meses.

Se incluyen como causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria:

   La conducta que se presenta en situación de inimputabilidad.
   Por insuperable coacción ajena o miedo insuperable.
   Por salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento del deber.

La reserva en el procedimiento ordinario únicamente se extiende hasta cuando se formule pliego de cargos o se ordene el archivo definitivo y hasta la decisión de citar a audiencia en el procedimiento verbal.

Se incluye como causal de inhabilidad para desempeñar cargos públicos el haber sido sancionado disciplinariamente tres (3) o más veces en los últimos cinco años (5), por faltas graves o leves dolosas o por ambas.   Esta inhabilidad tendrá una duración de tres (3) años.

Como una innovación plausible se ordena a la Procuraduría General de la Nación llevar el registro de todas las sanciones penales y disciplinarias, de inhabilidades, fallos con responsabilidad fiscal, decisiones de perdida de investidura, condenas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.

    Esto garantiza que una sola entidad expida la certificación de antecedentes,     que deberá contener las anotaciones de los últimos cinco (5) años.  Cuando     se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan ausencia de     antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el     registro.

Considero que este nuevo Estatuto Disciplinario corrige algunos vacíos y problemas de interpretación de la Ley 200 de 1995, pero equivoca el camino cuando aparenta hacer creer que la corrupción va a desaparecer por el solo hecho de aumentar desmesuradamente las sanciones.  Es exagerada e interminable la lista de conductas que se describen como falta gravísima, por lo que es aconsejable que los funcionarios responsables de las decisiones disciplinarias actúen con mesura, objetividad y en derecho, diferenciado claramente los asuntos que requieren sanciones ejemplarizantes, evitando de esta manera la conocida "cacería de brujas".  Ante faltas comprobadas se impone la aplicación del principio de la proporcionalidad de la sanción.


  FUSIÓN DE MINISTERIOS

El nuevo Gobierno, anunció la fusión del Ministerio de Salud con el de Trabajo y Seguridad Social, lo cual ha generado mayor incertidumbre para el sector salud, más que para la cartera del Trabajo.

Herman Redondo Gómez

La actitud del cuerpo médico a través de sus instituciones representativas: la AMC, ASMEDAS, la Federación Médica y la Academia Nacional de Medicina frente al anuncio de la fusión de los Ministerios de salud y Trabajo y Seguridad Social, ha sido hasta ahora tímida y expectante, a pesar de los pronunciamientos no muy difundidos de la AMC y de el Plenun de Presidentes de ASMEDAS.

Esta actitud expectante es comprensible frente al hecho consolidado del resultado electoral del pasado 26 de mayo, donde la voluntad popular mayoritariamente escogió una opción y, es esa alternativa recién elegida y depositaria de la ilusión de millones de colombianos, la que entra a plantear estos nuevos rumbos que aunque generan incertidumbre y muchos interrogantes, fue la alternativa escogida en las urnas; en un ambiente político, social y de orden público que no era ni es el mas propicio para la expresión democrática del pueblo. Serán los resultados, las evidencias, las que demuestren si esas mayorías obtenidas en tales circunstancias tuvieron o no la razón.

Es la explicación de la expectativa, es "cabalgar sobre los acontecimientos" para que no se nos tilde una vez más de "contestatarios" y de juzgar "a priori". Realmente, si somos imparciales y no anticipamos juicios de valor (cosa difícil en estos tiempos); per se, la fusión de los Ministerios de Salud y de Trabajo en un solo Ministerio de Seguridad Social no es buena ni mala; inclusive, esa fue una opción que se pensó cuando se discutió el Proyecto de Ley 248 de 1992, alterno al PL 155, hoy Ley 100 de 1993. En esa ocasión se pretendía una visión integral de la Seguridad Social, reunir al ISS con el Sistema Nacional de Salud y fortalecer el tripartismo (participación del Estado, los Empleadores y los Trabajadores en la Seguridad Social Integral).

Pero, si la fusión corresponde a la visión mezquina de achicar el Estado y de reestructurar nuevamente el Ministerio de Salud para despedir más trabajadores, de restar importancia a la salud en el contexto nacional, de quedar de patio trasero de las reformas laboral y de pensiones; obviamente será la medida más inconveniente que se podría tomar y significaría un retroceso de cerca de sesenta años. Recordemos que cuando en 1946 se creo el Ministerio de Higiene (que en 1953 se transformó en Ministerio de Salud), fue precisamente por las particularidades técnicas de la salud pública y su alcance a toda la población.

El nuevo Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) creado con la Ley 100 de 1993 es más complejo que el antiguo Sistema nacional de Salud, el sector está pasando por grandes dificultades que requieren atención directa y prioritaria del Gobierno Nacional, hoy los gastos globales relacionados con salud significan por lo menos diez puntos del PIB y muchos de ellos se están perdiendo por falta de vigilancia y control, razones todas que inducen a pensar que la fusión es inconveniente.

La figura de Juan Luis Londoño a la cabeza del nuevo Ministerio deja dudas para algunos en el campo laboral propiamente dicho y temor por sus antecedentes en el campo de la salud, por ser el impulsor y defensor número uno de la Ley 100 del 93. Sin embargo, hay quienes creemos que es mejor confrontar la realidad y las evidencias acumuladas en ocho años de reforma, directamente con el Papa y no con los papistas. Siempre oímos al Dr. Juan Luis decir que la reforma se la cambiaron, que la reglamentaron mal, que la tergiversaron; de tal forma que ahora le corresponde a él con los super poderes de dos Ministerios reorientar, repensar y corregir los errores estructurales y de reglamentación que tiene el SGSSS.

De alguna manera podemos afirmar que hasta ahora vamos a conocer la verdadera Ley 100, la original, la impulsada por sus auténticos adalides... la evidencia nos demostrará los resultados. Por ahora yo tengo mi propia hipótesis y mi propia esperanza: esperemos que la mano invisible del mercado cierra su puño firme sobre los violentos y a los profesionales de la salud y a los sectores sociales nos reserve su corazón grande.




  ANALISIS DE LA LEY 715 DE 2001 Y SU IMPACTO EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.

Esta Ley, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con  el Acto Legislativo 01 de 2001 y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros, representa la armonización de la Ley 60 con la Ley 100 y el mandato del FMI; como resultado final: un nuevo retroceso para los hospitales y el Sistema de Salud de los colombianos.


HERMAN REDONDO GÓMEZ MD
Primer Vicepresidente


Como la opinión pública conoce, después de amplio debate nacional, a pesar del paro nacional del magisterio y del sector de la salud, se aprobó el Proyecto de Acto Legislativo 012, hoy Acto Legislativo 01 de 2001, por el cual desaparece el Situado Fiscal que era una parte definida de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN) destinada a la financiación de Educación y Salud; en su lugar se crea el Sistema General de Participaciones (SGP), que es una bolsa única a donde se reúnen todos los recursos destinados a las transferencias de la Nación a los Municipios, Distritos y Departamentos.

El SGP crece a un ritmo diferente de los ICN, lo cual en la práctica significa una desaceleración de los recursos para Salud y Educación, ahorro que servirá para cumplir con el servicio a la deuda externa e interna, de acuerdo con los delineamientos establecidos en el Acuerdo extendido con el Fondo Monetario Internacional. A estas alturas, ya nadie duda que el propósito de la reforma constitucional es disminuir el ritmo de crecimiento de las transferencias, con esfuerzo regional y sacrificando la inversión social en la ampliación coberturas de los servicios educativos y de salud.

Según el estudio de FESCOL sobre el Acto Legislativo 01 de 2001, el recorte de las transferencias equivale a $1,388 billones anuales (a pesos constantes de 2001), lo que en una proyección a diez años significa que las transferencias en relación con los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN) se reducirán del 42,2% al 33,7%; en términos del PIB, la caída será desde el 5,1% al 4,4% de participación. Para Iván Jaramillo entre el 2001 y el 2002, el sector social perdió $1,9 billones, de los cuales $500.000 millones correspondían a salud.

La Ley 715 de 2001, nace entonces como consecuencia de la reforma a la Constitución Nacional aprobada en el Acto Legislativo 01 de 2001 y, lógicamente, deroga la Ley 60 de 1.993. Crea el Sistema General de Participaciones (SGP) constituido por los recursos que la Nación transfiere por mandato constitucional a las entidades territoriales para la financiación de los servicios de Salud, Educación y participación para propósito general, que incluyen agua potable y saneamiento básico.

Al monto total del SGP, que inicia con un valor de $10,962 billones a pesos de 2001, se le deducirán cada año el 4% con destino a los resguardos indígenas (0,52%), para los municipios cuyos territorios limiten con el Río Grande de la Magdalena (0,08%), a los distritos y municipios para programas de alimentación escolar (0,5%) y, el 2,9% para el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, FONPET. Este es un castigo previo, desde que se creó este organismo en la Ley 549 de 1999, al monto de las transferencias.

Una vez descontados los anteriores recursos, el SGP, se distribuye primero por sector y, luego, por cada uno de los entes territoriales, contrario a lo que ordenaba la Ley 60 de 1993, así:

   58,5% para Educación, unos $6,5 billones, que AUMENTA GLOBALMENTE en relación con la Ley 60 de 1993.
   24,5% para Salud, unos $2,5 billones, que DISMINUYE en relación con lo que recibía en la antigua Ley 60, y
   17% de participación para propósito general, que IGUALMENTE DISMINUYE; no obstante, los municipios clasificados en las categorías 4ª, 5ª y 6ª, podrán destinar libremente (artículo 78), para libre inversión a criterio de cada Alcalde, hasta el 28%; precio que al parecer de muchos justificó el inexplicable voto favorable de los Alcaldes Municipales a un proyecto que le disminuía sus propias transferencias.

Los aportes para salud, a su vez, se distribuyen para garantizar primero la financiación del régimen subsidiado (un 48% de estos recursos, aproximadamente); luego, un 12% para salud pública y; lo que quede por residuo para la atención de la población no cubierta (los vinculados que se atienden en la red pública), lo cual disminuirá ostensiblemente la financiación de los hospitales. Como la Ley 715 de 2001 no soluciona el problema de la intermediación, el resultado será el de mayor riesgo de crisis en el sector, en lugar de solucionarlo.

La Ley en mención suspende la descentralización, respetando a los municipios ya descentralizados, quienes se constituyen en pagador único y en adelante manejarán el régimen subsidiado; mientras, los departamentos y los distritos manejarán la red hospitalaria de I, II y III nivel. Los municipios descentralizados podrán continuar manejando el I y II nivel.

Vale la pena destacar como la Ley 715 entra a dirimir la polémica y las demandas que en materia de paripassu se habían establecido y, define en el artículo 42.20 que la Nación concurrirá en la financiación del régimen subsidiado de salud, con un cuarto de punto (0,25) de lo aportado por los afiliados al régimen contributivo, cuando, Uds. recordarán que la Ley 100 había establecido el mecanismo de paripassu, es decir, peso por peso. Con esta medida, prácticamente se entierra la posibilidad de la cobertura universal.

Salud Pública.

El más polémico de todos ha sido el artículo 46 de la mencionada Ley 715, el cual establece que las entidades territoriales tendrán a su cargo la ejecución de las acciones de salud pública en la promoción y prevención dirigidas a la población de su jurisdicción. Incluyen aquellas que a la fecha de entrar en vigencia la nueva ley, hacían parte del POS-S; es decir, las incluidas en la Resolución 0412 del Ministerio de salud emitida en desarrollo del Acuerdo 117 del CNSSS.

Según el Dr. Florez de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, aparece por primera vez allí una definición, la de la gestión en salud pública como función esencial del Estado, definición con la cual pudo haber empezado el articulado de la Ley y haber aprovechado para fijar una verdadera Política de Salud Publica para el país, lo cual finalmente no hace.

Al comienzo de este artículo, se reproduce el concepto que nuestro Sistema ha promulgado de la Salud Pública, en los términos simples de un listado de acciones de Promoción y Prevención (facturables) y no, en su verdadera connotación de derecho colectivo y bien público inalienable, bajo el liderazgo del Estado, en la búsqueda del bienestar social para toda la población. No obstante, reconocemos, que al colocar la responsabilidad de las acciones en cabeza del municipio, se afirma la dimensión estatal de la Salud Pública y; al municipio, como la célula de la organización político administrativa del Estado y como el entorno inmediato de convivencia y acción ciudadanas.

Al integrar los recursos de las acciones de Promoción y Prevención del Régimen Subsidiado al PAB y este ser universal, gratuito y obligatorio; por tanto, del cual se beneficiarán también los afiliados a Régimen Contributivo y los no afiliados, se genera una superposición de recursos, como un proceso de solidaridad reversa y una doble atención a favor de los afiliados al régimen contributivo, puesto que tanto las EPS como las Direcciones Locales tendrán la responsabilidad de ejecutar estas acciones.

La determinación de contratar las acciones del PAB preferiblemente con la red pública de la entidad territorial correspondiente, es una estrategia que busca mejorar la viabilidad financiera de los hospitales públicos; sin embargo, consideramos que no compensa la disminución de los recursos para la atención de la población no afiliada (vinculada).

Dispone seguidamente el artículo 46, que las acciones de Promoción y Prevención del Plan Obligatorio de Salud del régimen subsidiado, pasan a ser responsabilidad de las Direcciones Locales de Salud y corresponde al CNSSS definir la porción de la UPC-S que se descontará a las ARS para ser entregado a los municipios, con el fin de financiar estas acciones de promoción y prevención.

Por la dificultad técnica hasta ahora existente para la toma de decisiones, el CNSSS tomó tiempo en la decisión; finalmente, estableció en un 4,01% de la UPC-s para trasladar a los municipios quienes asumirán el PAI, la Planificación Familiar y la citología vaginal, dentro del contexto de gradualidad.

Por otra parte, es de resaltar las enormes dificultades que ha generado la aplicación de este artículo de la Ley 715, que en la práctica "tricotomizó" la atención en salud de las personas afiliadas al régimen subsidiado, así:

   Para efectos de promoción y prevención que incluye actividades como el parto normal, salud bucal, PAI, planificación familiar, crecimiento y desarrollo, cáncer de cuello uterino y del seno, salud visual, entre otras, deberán acudir al municipio para ser atendidos con recursos de demanda.
   Para las demás patologías del POS-S, deberán asistir a la ARS para ser atendidos con recursos de la UPC-S y;
   Para efecto de la atención de las patologías no incluidas en el POS-S, se comportarán como vinculados y deberán acudir a los hospitales para que los atiendan con recursos de oferta.

Mejor dicho, para la atención en salud las personas acudirán a tres fuentes diferentes, con las consiguientes dificultades, diferencias de criterio, duplicación de esfuerzos y pérdida de oportunidad e integración del servicio.

La información sobre la población filtrada por el Sistema de Identificación de Beneficiarios de Programas Sociales será determinada por el CONPES, consolidada por el soporte técnico suministrado por el Departamento Nacional de Planeación, excluyendo de esta definición al CNSSS. Es decir, se construirá un nuevo SISBEN, una nueva definición de pobreza al arbitrio del DNP, que históricamente ha demostrado su escasa vocación social y su excesivo celo por la contención de costos que en esta oportunidad podrá ser excluir a millones de pobres que no pasarán este nuevo examen de pobreza.

¡Como se nota la falta de comprensión de nuestros ilustres parlamentarios de las Comisiones VII del concepto de Salud Pública! ¡Cuánta falta hacen en esos organismo de elección popular personas con soporte técnico y visión de las políticas sanitarias que requiere el país!

Por todo lo anterior, consideramos que la reforma al Sistema de Salud apenas empieza…



  Julio 5 del 2002

(Aprobado en  Primer Debate el  20 de junio de 2002)

PROYECTO DE LEY 206/01 SENADO

POR LA CUAL SE MODIFICAN ALGUNOS ARTÍCULOS DE LA LEY 100 DE 1993 EN RELACIÓN CON EL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES


Artículo 1º. El Artículo 11ª de la Ley 100 de 1993 quedará así:

"Artículo 11: Campo de Aplicación. El Sistema General de Pensiones y Salud, con las excepciones previstas en el Artículo 279ª de la Ley 100 de 1993, se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional, conservando adicionalmente todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas anteriores para quienes a la fecha de vigencia de esta Ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una Pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los sectores publico, oficial, semioficial en todos los ordenes de los regímenes de Prima Media, Ahorro Individual y del sector privado en general.

Para efectos de este Artículo, se respetarán y mantendrán vigencia los derechos adquiridos conforme a disposiciones normativas anteriores, pacto o convención colectiva de trabajo. Lo anterior será sin perjuicio del derecho de denuncia que les asiste a las partes y de que el tribunal de arbitramento dirima las diferencias entre las partes.


Artículo 2º. Se modifican los literales a, b y e, del artículo 13 de la ley 100 de 1993 y se adiciona dicho artículo con los literales l, m, n, o, p, q y r, todos los cuales quedarán así:

Articulo 13. Características del Sistema General de Pensiones.

La afiliación es obligatoria para todos los trabajadores incluyendo a los dependientes e independientes.

La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el Artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para el efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o traslado. El empleador o cualquier otra persona natural o jurídica que desconozca éste derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1º del Artículo 271 de la Ley 100 de 1993. No obstante lo anterior, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, todas las personas que ingresen por primera vez al sector público en cargos de carrera administrativa, estarán obligatoriamente afiliadas al régimen de prima media con prestación definida. Igualmente, los servidores públicos en cargos de carrera administrativas, afiliados al régimen de prima media con prestación definida deberán permanecer en dicho régimen mientras mantengan la calidad de tales.

e. Sin perjuicio de lo previsto para los servidores públicos en cargos de carrera administrativa, los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen bajo las condiciones establecidas en esta ley.

Afiliados que al cumplir la edad de pensión no cumplan con los requisitos para tal efecto, tendrán derecho a una devolución de saldos o indemnización sustitutiva de acuerdo con el régimen al cual estén afiliados y de conformidad con lo previsto en la presente ley.

Los costos de administración del Sistema General de Pensiones permitirán una comisión para las administradoras y se determinarán en la forma prevista en la presente ley.

Los recursos del Sistema General de Pensiones están destinados exclusivamente a dicho sistema y no pertenecen a la Nación ni a las entidades que los administran.

El Estado es responsable de la dirección, coordinación y control del Sistema General de Pensiones y garante de los recursos pensionales aportados por los afiliados en los términos de esta ley y controlará su destinación exclusiva, custodia y administración.

El Sistema General de Pensiones propiciará la concertación de los diversos agentes en todos los niveles a través del Consejo Nacional de Seguridad Social en Pensiones, que se crea mediante esta ley.

Créase un Fondo Solidario de Subsistencia destinado a la protección de las personas mayores de 65 años en estado de indigencia o de pobreza extrema, mediante un subsidio económico cuyo origen, monto y regulación se establece en esta ley.

En ningún caso a partir de la vigencia de esta ley podrán sustituirse semanas de cotización o abonarse semanas cotizadas o tiempo de servicios con el cumplimiento de otros requisitos distintos a cotizaciones efectivamente realizadas o tiempo de servicios efectivamente prestados. Tampoco podrán otorgarse pensiones del Sistema General que no correspondan a tiempos de servicios efectivamente prestados o cotizaciones realizadas de conformidad con lo previsto en la presente ley.

Artículo 3º. El artículo 15 de la ley 100 de 1993 quedará así:

Articulo 15. Afiliados. Es obligatoria la afiliación al Sistema General de Pensiones por parte de todos los trabajadores dependientes e independientes.

Podrán afiliarse voluntariamente los colombianos domiciliados en el exterior, que no tengan contrato de trabajo que se rija por la ley colombiana.

Parágrafo: En el caso de los trabajadores independientes se aplicarán los siguientes principios: a) El ingreso base de cotización no podrá ser inferior al salario mínimo y deberá guardar correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos por el afiliado, de tal manera que aquellos que posean capacidad económica suficiente efectúen los aportes de solidaridad previstos en esta ley.  Así mismo, el ingreso base de cotización obligatoria para pensiones de los trabajadores independientes deberá corresponder al que se tome en cuenta para el sistema general de seguridad social en salud; sin perjuicio de que el aporte para pensiones pueda ser inferior cuando el de salud deba incrementarse para respetar el mínimo previsto para este último. b) Podrán efectuarse pagos anticipados de aportes. c) Se establecerá por el Gobierno un sistema de retención en la fuente para permitir el pago directo de aportes. d) Habrá un sistema de presunción de ingresos, el cual podrá ser el mismo existente para el sistema de salud, con los ajustes que se establezcan para éste por el Gobierno. e) Las administradoras no podrán negar la afiliación de los trabajadores independientes ni exigir requisitos distintos a los expresamente previstos por las normas que las rigen. F) Los aportes podrán ser realizados por terceros en favor del afiliado, sin que tal hecho implique por sí solo la existencia de una relación laboral. G) Para verificar los aportes podrán efectuarse cruces con la información de las autoridades tributarias y, así mismo, solicitarse otras informaciones reservadas, pero en todo caso dicha información no podrá emplearse para otros fines. H). Los grupos de población que por sus características socioeconómicas son elegibles para ser beneficiarios de subsidios, tendrán el concurso del Fondo de Solidaridad Pensional para el pago  de sus cotizaciones. El Gobierno reglamentara la materia.  I.) Las personas a que se refiere el presente parágrafo podrán afiliarse al régimen por intermedio de sus agremiaciones o asociaciones de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno.


Artículo 4º. El Artículo 18 de la ley 100 de 1993 quedará así:

Articulo 18. Base de Cotización.   La base para calcular las cotizaciones a que hace referencia el Artículo anterior, será el salario mensual.

El salario mensual base de cotización para los trabajadores particulares y para los servidores públicos que se rijan por el Código Sustantivo de Trabajo, será el que resulte de aplicar lo dispuesto en dicho Código.

El salario mensual base de cotización para los servidores del sector público será el que se señale en los decretos reglamentarios de la Ley 4 de 1992 y de la Ley 100 de 1993.

En ningún caso la base de cotización obligatoria podrá exceder de veinticuatro (24) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cualquier aporte adicional se hará bajo la forma de ahorro pensional voluntario.


En ningún caso la base de cotización podrá ser inferior al monto del salario mínimo legal mensual vigente, salvo lo dispuesto para los trabajadores del servicio doméstico conforme a la ley 11 de 1988.

Las cotizaciones de los trabajadores cuya remuneración se pacte bajo la modalidad de salario integral, se calculará sobre el 70% de dicho salario.

Parágrafo - En aquellos casos en los cuales el afiliado perciba salario de dos o más empleadores, las cotizaciones correspondientes serán efectuadas en forma proporcional al salario devengado de cada uno de ellos, y dichos salarios se acumularán para todos los efectos de esta ley sin exceder el tope legal.

Cuando el Ingreso Base de Cotización de estos afiliados se reduzca por cualquier causa a menos de un salario mínimo legal mensual vigente, el Fondo de Solidaridad Pensional cotizara la diferencia del aporte debido, hasta completar dicha base de cotización, hasta por 6 meses y que los destinatarios sean afiliados al fondo siempre y cuando devenguen menos de un salario mínimo.


Artículo 5º. El artículo 20 de la ley 100 de 1993 quedará así:

Articulo 20. Monto de las Cotizaciones.  A partir de la vigencia de esta Ley que modifica la ley 100 de 1993, la tasa de cotización al Sistema General de Pensiones será del 14.5%. Desde el 1o de enero del año 2005 la tasa de cotización aumentará cada año en 0.25% del ingreso base de cotización hasta llegar a 15.5% en el año 2008.

Los ingresos adicionales por el incremento de la cotización se destinarán en el régimen de ahorro individual al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual que se crea por la presente ley. En el caso del Régimen de Prima Media, dichos porcentajes se utilizarán para el pago de pensiones y capitalización de las reservas pensionales.

Para pagar gastos de administración y el seguro de invalidez y sobrevivencia, la tasa será, tanto en el régimen de prima media con prestación definida como en el régimen de ahorro individual, máximo del 3.0%.

La reducción en los costos de administración y en las primas de los seguros deberán abonarse como un mayor valor en las cuentas de ahorro de los trabajadores o de las reservas en el Régimen de Prima Media con prestación definida, según el caso.

Los empleadores pagarán el 75% de la cotización y los trabajadores el 25% restante.

Para financiar las pensiones de invalidez y sobrevivientes de los actuales y futuros afiliados al Instituto de Seguros Social (ISS), se podrán realizar traslados de las reservas de pensión de vejez a las de invalidez y sobrevivientes.

El Gobierno Nacional reglamentará el funcionamiento de las cuentas separadas en el Instituto de Seguros Sociales (ISS) y demás entidades administradoras del Régimen de Prima Media, de manera que en ningún caso se pueden utilizar recursos de las reservas de pensión de vejez, para gastos administrativos y otros fines distintos a pagar pensiones.

La entidad a la cual esté cotizando el afiliado deberá recaudar y trasladar a los Fondos correspondientes, los puntos porcentuales adicionales a que se refiere el parágrafo 1, dentro de los plazos que señale el Gobierno Nacional.

Parágrafo 1.- Los afiliados que tengan un ingreso igual o superior a cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes, tendrán a su cargo un aporte adicional de un punto porcentual (1%) sobre su base de cotización, destinado al Fondo de Solidaridad Pensional previsto en la Ley 100 de 1993. Los afiliados con ingreso igual o superior a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes tendrán un aporte adicional de otro punto porcentual (1%) de sus salarios, el cual estará destinado exclusivamente al Fondo Solidario de Subsistencia de que trata la presente Ley.

Parágrafo 2.- No obstante lo anterior, a mas tardar el 31 de diciembre de 2003 el gobierno nacional nombrará una comisión de actuarios conformada por miembros de varias asociaciones de actuarios si las hubiera o quien haga sus veces, para que verifique, con base en los datos estadísticos de la población de afiliados al Sistema General de Pensiones y a las reservas disponibles en el Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual, la suficiencia técnica del fondo; como consecuencia de dicho estudio recomendará la conveniencia o inconveniencia de aplicar el aumento del punto de cotización previsto a partir del año 2005 en el inciso primero de este artículo, así como la destinación de dicho aumento bien sea al Fondo de Garantía de Pensión Mínima o a las cuentas individuales de los afiliados.

Cada cinco años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, por la cual se modifica la ley 100 de 1993, el Gobierno determinará si los aportes realizados al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual son suficientes para financiar dicha garantía. En el evento en que el Gobierno establezca que los aportes previstos excederán las sumas requeridas, se procederá, a partir de la fecha que establezca el Gobierno, a reducir los aportes al Fondo y la diferencia se abonará a las cuentas de ahorro individual. Si el Gobierno establece que los aportes previstos para el Fondo son inferiores al monto requerido para financiar la garantía de pensión mínima, podrá incrementar el porcentaje que deberá destinarse a dicho Fondo, sin que ello implique aumento de la cotización.

Parágrafo 3.- El Gobierno Nacional previo concepto del  Consejo Nacional del sistema integral de pensiones, tendrá el plazo de un (1) año para modificar la cotización, de que trata el presente articulo, en los puntos que sean necesarios.  



Artículo 6º. El artículo 21 de la ley 100 de 1993 quedará así:

Articulo 21. Ingreso Base de Liquidación. Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales efectivamente ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o durante todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia.
A partir del 1 de enero del año 2014 el ingreso base de liquidación se calculará considerando las últimas mil (1000) semanas de cotización o todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia.

Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado mil doscientas cincuenta (1250) semanas.

Para calcular el promedio a que se refiere este Artículo, los salarios se actualizarán anualmente con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE.


Artículo 7º. El artículo 23 de la ley 100 de 1993 quedará así:

Articulo 23. Sanción Moratoria.  

Reglas generales. Los aportes que no se consignen dentro de los plazos señalados para el efecto generarán un interés moratorio a cargo del empleador igual al que rige para el impuesto sobre la renta y complementarios.

  En el régimen de prima media con prestación definida estos intereses, en la parte correspondiente a los aportes para pensiones de invalidez, vejez y sobrevivencia, se abonarán a las correspondientes subcuentas.

  En el régimen de ahorro individual con solidaridad los intereses correspondientes a los aportes destinados a financiar las pensiones de vejez se abonarán a las cuentas individuales de ahorro pensional de los respectivos afiliados. Así mismo, los intereses correspondientes a la parte destinada a financiar las pensiones de invalidez o sobrevivientes se destinarán a pagar el seguro respectivo.

  Los intereses de la parte correspondiente a los gastos de administración se abonará en los dos sistemas a la administradora. Los intereses correspondientes al aporte a los diferentes fondos se abonarán a cada uno de ellos.

Reglas Especiales Para los Aportes Destinados a Financiar Pensiones de Vejez. No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores de este artículo, si la mora en el pago de las cotizaciones ha perdurado por un año o más, se aplicarán las siguientes reglas en relación con los aportes destinados a financiar la pensión de vejez:

En el régimen de prima media con prestación definida, quien debió efectuar el aporte al fondo común de naturaleza pública deberá pagar la diferencia que exista entre el capital necesario para financiar la pensión de vejez, calculado sin tomar en cuenta el periodo correspondiente a dicha cotización, y el que resultaría tomando en cuenta las semanas correspondientes a ese aporte.

Cuando se trate del régimen de ahorro individual con solidaridad, el empleador que no efectuó el aporte deberá pagar un monto equivalente al valor que tendrían los aportes al momento del pago efectivo si se hubiesen hecho oportunamente, tomando en cuenta la rentabilidad del fondo al cual se encuentre afiliado el trabajador.

Lo dispuesto en los literales i) y ii) anteriores se aplicará siempre y cuando el resultado de dicho cálculo sea superior al monto de los aportes en mora y los intereses moratorios correspondientes.

C. Reglas Especiales para la Mora en los Aportes para Pensiones de Invalidez y Sobrevivencia. En cuanto se refiere a las pensiones de invalidez o sobrevivencia, sí la mora en el pago de las cotizaciones no se ha prolongado por más de un año y no afecta el derecho a la pensión de invalidez o sobrevivencia, se deberán pagar las cotizaciones con los intereses de mora correspondientes. Cuando las pensiones se causen durante la mora, el empleador deberá asegurar o garantizar el pago de la pensión trasladando el capital necesario a la respectiva administradora. En el evento de que el empleador no cumpla con dicha obligación, el mismo será responsable de la pensión a que tendría derecho el trabajador si se hubiesen realizado los aportes. Transcurrido más de un año de mora en el pago de las cotizaciones de invalidez o sobrevivencia, el valor de dichas cotizaciones y los intereses correspondientes se abonarán a la cuenta de ahorro individual.

Parágrafo 1o. Los ordenadores del gasto de las entidades del sector público que sin justa causa no dispongan la consignación oportuna de los aportes, incurrirán en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente.

Parágrafo 2o. En todas las entidades del sector público será obligatorio incluir en el presupuesto las partidas necesarias para el pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, como requisito para la presentación, trámite y estudio por parte de las autoridades correspondientes.

Parágrafo 3o En los eventos en que por sentencia judicial, se haya ordenado el reintegro de un trabajador y el pago de salarios y prestaciones, respecto de los períodos que no hayan sido laborados, el empleador deberá trasladar a la administradora el monto de las cotizaciones que ha debido efectuar durante el respectivo período, más el rendimiento del fondo al cual se encontraba afiliado el trabajador al momento del despido. O, en el caso de las Administradoras del Régimen de Prima Media, se trasladara al fondo común de naturaleza publica mencionado en el Artículo 32ª de la Ley 100 de 1993, la suma que resulte de aplicar lo dispuesto en el literal B de este artículo.



Artículo 8º. El artículo 32 de la ley 100 de 1993 quedará así:

Articulo 32. Características. El Régimen de Prima Media con prestación definida tendrá las siguientes características:

Es un régimen solidario de prestación definida.

Los aportes de los afiliados y sus rendimientos, constituyen un fondo común de naturaleza pública, que garantiza el pago de las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados en cada vigencia, los respectivos gastos de administración y la constitución de reservas de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley.

Los afiliados al régimen de prima media con prestación definida podrán optar por efectuar aportes voluntarios, para complementar las prestaciones que este régimen otorga, en entidades aseguradoras autorizadas para estos efectos, o en cuentas especiales administradas por el Instituto de Seguro Social (ISS), siempre y cuando al momento de hacerlos hayan cumplido sus obligaciones con el régimen de prestación definida.

El Estado garantiza el pago de los beneficios a que se hacen acreedores los afiliados.

Las administradoras del régimen de prima media deberán informar anualmente a sus afiliados sobre el estado y evolución de sus cotizaciones y contar con un sistema de información actualizado sobre todas las prestaciones y derechos de los afiliados.


Artículo 9º. El artículo 33 de la ley 100 de 1993 quedará así:

Articulo 33. Requisitos para obtener la Pensión de Vejez.  Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:

Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre y haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.

A partir del 1 de enero del año 2014, haber cumplido cincuenta y ocho (58) años de edad si es mujer, o sesenta y tres (63) años si es hombre. Desde el 1o de enero del año 2020 esas edades serán de sesenta (60) años para las mujeres y sesenta y cinco (65) años para los hombres.

A partir del 1 de enero del año 2014 el número mínimo de semanas se incrementará en treinta y cinco (35) semanas cada año hasta el año 2019. En el año 2020 se incrementarán cuarenta (40) semanas adicionales para completar un total de mil doscientas cincuenta (1250) semanas como mínimo.

Parágrafo 1.- Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo, se tendrá en cuenta:

El número de semanas cotizadas en cualesquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones.

El tiempo de servicio como servidores públicos remunerados, incluyendo los del artículo 279 de la ley 100 de 1993.

El tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que antes de la vigencia de la ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, siempre y cuando la vinculación laboral se encontrara vigente o se haya iniciado con posterioridad a la vigencia de la ley 100 de 1993.

El número de semanas cotizadas a cajas previsionales del sector privado que antes de la ley 100 de 1993 tuviesen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión.

El tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos empleadores que por omisión no hubiesen afiliado al trabajador.

En los casos previstos en los literales b), c), d) y e), el cómputo será procedente siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base en el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a satisfacción de la entidad administradora, el cual estará representado por un bono o titulo pensional.

Parágrafo 2.- Para los efectos de las disposiciones contenidas en la presente ley, se entiende por semana cotizada el periodo de siete (7) días calendario. La facturación y el cobro de los aportes se hará sobre el número de días cotizados en cada período.

Parágrafo 3.- No obstante los requisitos establecidos en los numerales uno (1), dos (2) y tres (3) de este artículo, cuando el trabajador libre y voluntariamente, lo estime conveniente, podrá seguir trabajando y cotizando hasta la fecha en la cual cumpla la edad mínima requerida más cinco años adicionales. En este evento el empleador estará obligado a efectuar las cotizaciones a su cargo mientras dure la relación laboral o reglamentaria y hasta la fecha prevista en este parágrafo. Se exceptúan de lo dispuesto en este Artículo los servidores públicos de Carrera Administrativa.

Parágrafo 4. El incremento de edad dispuesto a partir del 1 de enero del año 2014, no  se hará efectivo si para la fecha la tasa de desempleo en el país es superior a un digito.


Artículo 10º. El artículo 34 de la ley 100 de 1993 quedará así:

Articulo 34. Monto de la Pensión de Vejez.  El monto mensual de la pensión de vejez, correspondiente a las primeras mil (1000) semanas de cotización, será equivalente al 65% del ingreso base de liquidación. Por cada cincuenta (50) semanas adicionales a las primeras mil (1000) hasta completar mil doscientas (1200) semanas, este porcentaje se incrementará en un 2%, hasta completar el 73% del ingreso base de liquidación. Por cada cincuenta (50) semanas adicionales a las mil doscientas (1200) hasta completar mil cuatro cientas (1400) semanas este porcentaje se incrementará en 3.0%, hasta obtener un monto máximo del 85% del ingreso base de liquidación.

A partir del 1 de enero del año 2014, la pensión incrementará en razón del número de semanas adicionales a las mínimas establecidas para cada año en el Artículo 33, numeral 3 de la ley 100 de 1993, de conformidad con la siguiente tabla:







Semanas adicionales al mínimo Pensión como porcentaje
del ingreso base de liquidación.

Pensión como porcentaje del
ingreso base de liquidación.
50 66.0%
100 67.0%
150 68.5%
200 70.0%
250 71.5%
300 74.0%
350 76.5%
400 79.0%
450 82.0%
500 85.0%


Parágrafo: A partir de la vigencia de la presente Ley, el monto de las pensiones en el Régimen de Prima Media con prestación definidas y de las del sector publico, no podrá ser superior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de los derechos adquiridos.

Artículo 11º. Adiciónese el Artículo 36ª de la Ley 100 de 1993 con el siguiente Parágrafo:

"Parágrafo: Respeto de los Derechos Adquiridos. Para los efectos de la presente Ley, se respetarán y garantizarán integralmente los derechos adquiridos a quienes hoy tienen la calidad de pensionados de jubilación, vejez, invalidez, sustitución y sobrevivencia en los diferentes órdenes, sectores y regímenes, así como a quienes han cumplido ya con los requisitos exigidos por Ley para adquirir la pensión, pero no se les ha reconocido.


Artículo 12º. El artículo 37 de la ley 100 de 1993 quedará así:

Articulo 37. Indemnización sustitutiva de la Pensión de Vejez.  Las personas que habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizando el mínimo de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a sus aportes actualizados con el índice de precios al consumidor.

A partir del 1 de enero del año 2014, si las semanas cotizadas son mil (1000) o más y no se cumple con el número mínimo de semanas requeridas para la pensión de vejez, la indemnización deberá ser equivalente a la suma de los aportes mensuales actualizados con el índice de precios al consumidor, más una rentabilidad mínima anual real del 4%.

Con el producto de la indemnización sustitutiva los beneficiarios podrán, si así lo desean, adquirir rentas ofrecidas por entidades autorizadas o invertir en otros mecanismos de ahorro, en las condiciones que señale el Gobierno Nacional.


Artículo 13º. El artículo 39 de la Ley 100 de 1993 quedará así:

Articulo 39. Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrán derecho a la pensión de invalidez los afiliados que se encuentren  cotizando al Sistema en el momento de producirse el estado de invalidez y que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sean declarados inválidos, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:

Invalidez causada por enfermedad. Cuando el afiliado en  el momento en el cual se produzca el estado de invalidez haya cotizado al sistema  por lo menos cincuenta (50) semanas  en los últimos dos (2) años.

Invalidez causada por accidente. Cuando el afiliado en el momento en el cual se produzca el estado de invalidez haya cotizado al Sistema por lo menos veintiséis (26) semanas.

Parágrafo. Cuando el afiliado haya dejado de cotizar al Sistema se regirá por los siguientes requisitos:

En caso de enfermedad deberá haber efectuado aportes por lo menos durante cincuenta (50) semanas en los últimos dos (2) años, de las cuales por lo menos veintiséis (26) semanas debieron haberse cotizado dentro del año anterior al momento de producirse el estado de invalidez.
En caso de accidente deberá haber efectuado aportes por lo menos durante veintiséis (26) semanas en el año inmediatamente anterior al momento de producirse el estado de invalidez.



Artículo 14º. Adiciónese el artículo 40 con el siguiente parágrafo:

Parágrafo. A partir del 1o de enero del año 2014 el monto mensual de la pensión de invalidez será equivalente a:

1. Cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al 50% e inferior al 66%, el monto mensual será del 45% del ingreso base de liquidación. La pensión se incrementará por razón de semanas adicionales cotizadas a partir del número mínimo de semanas requeridas para la pensión de vejez en el respectivo año, disminuida en quinientas (500), de acuerdo con la siguiente tabla:




Semanas adicionales a las requeridas
para la pensión de vejez menos
quinientas (500).

Pensión como porcentaje del
ingreso base de liquidación.
50 46.5%
100 48.0%
150 49.5%
200 51.0%
250 52.5%
300 54.0%
350 55.5%
400 57.0%
450 58.5%
500 60.0%
550 61.0%
600 62.0%
650 63,5%
700 65.0%
750 67.0%
800 69.0%
850 71.5%
900 74.0%
950 77.0%
1000 80.0%


2. Cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior a 66%, el monto será 50% del ingreso base de liquidación. La pensión se incrementará por razón de semanas adicionales cotizadas a partir del número mínimo de semanas requeridas para la pensión de vejez en el respectivo año, disminuida en quinientas (500), de acuerdo con la siguiente tabla:


Semanas adicionales a las requeridas
para la pensión de vejez menos
quinientas (500) semanas

Pensión como porcentaje del
ingreso base de liquidación.
50 51.5%
100 53.0%
150 54.5%
200 56.0%
250 57.5%
300 59.0%
350 60.5%
400 62.0%
450 63.5%
500 65.0%
550 66.0%
600 67.0%
650 68.5%
700 70.0%
750 72.0%
800 74.0%
850 76.5%
900 79.0%
950 82.0%
1000 85.0%


El valor de la pensión de invalidez no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente.

La pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de la parte interesada y comenzará a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha de estructuración de la invalidez o declaratoria de la perdida de capacidad laboral.


Artículo 15º. El artículo 46 de la ley 100 de 1993 quedará así:

Articulo 46. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:

Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo común, que fallezca y,

Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre y cuando éste se encuentre cotizando al sistema en el momento de la muerte y, además, cumpla con los siguientes requisitos:

Muerte causada por enfermedad. Que el afiliado en el momento de la muerte haya cotizado al Sistema por lo menos setenta y cinco (75) semanas en los últimos tres (3) años.

Muerte causada por accidente. Que el afiliado en el momento de la muerte haya cotizado al Sistema por lo menos veintiséis (26) semanas.

Parágrafo 1. Cuando el afiliado haya dejado de cotizar al Sistema se exigirán  los siguientes requisitos:

a) En caso de enfermedad deberá haber efectuado aportes por lo menos durante setenta y cinco (75) semanas en los últimos tres años anteriores a la muerte.

B )En caso de accidente deberá haber efectuado aportes por lo menos durante veintiséis (26) semanas en el año inmediatamente anterior a la fecha del accidente que determinó la muerte.

Parágrafo 2. Perderán el derecho a pensión como sobrevivientes los beneficiarios del causante afectados por causales de indignidad, conforme lo reglamente el Gobierno Nacional.


Artículo 16º. Se modifica el literal a) de los artículos 47 y 74 de la ley 100 de 1993 y quedará así:

a. En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite.

En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante  hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de cuatro (4) años continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido.

Cuando el pensionado al momento de fallecer tenga el estado civil de casado, la pensión de sobrevivientes corresponderá al cónyuge sobreviviente, salvo que haya sido responsable de separación de bienes o de divorcio ya decretado mediante sentencia judicial.


Artículo 17º.  Adiciónese el Artículo 54ª de la Ley 100 de 1993 con el siguiente Parágrafo:

Parágrafo: El Déficit actuarial, es decir, la diferencia entre la reserva actual y el calculo actuarial de las Cajas, Fondos o Entidades de Seguridad Social existentes en el sector privado que administran el régimen solidario de Prima Media con prestación definida, se pagará, de forma lineal,  hasta treinta (30) años contados a partir de la expedición de la presente Ley, garantizando en todo caso el pago de las obligaciones corrientes. El Gobierno reglamentará las nuevas condiciones de amortización del mismo.

Artículo 18º.  Los literales b, i y k del artículo 60 de la ley 100 de 1993 quedarán así:

b. Del total de los aportes por cotización básica, (que no incluye los aportes para solidaridad)  lo correspondiente a diez punto cinco puntos (10.5), se capitalizará en la cuenta individual de ahorro pensional de cada afiliado; Máximo 3.0 puntos se destinara a cubrir el costo de administración del régimen y al pago de primas de seguros para atender las pensiones de invalidez y de sobrevivientes; los restantes puntos de aportes, se destinaran al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual.

i) El pago de la garantía de pensión mínima en el Régimen de ahorro individual estará a cargo de dicho régimen en la forma prevista en  esta Ley.

k) Las Administradoras de Fondos de Pensiones, deberán informar anualmente a sus afiliados sobre el estado y evolución de sus cotizaciones y contar con un sistema de información actualizado sobre todas las prestaciones y derechos de los afiliados.


Artículo 19º. El artículo 65 de la ley 100 de 1993 quedará así:

Articulo 65. Garantías de Pensión Mínima de Vejez.  Los afiliados que a los sesenta y dos (62) años de edad si son hombres y cincuenta y siete (57) si son mujeres, no hayan alcanzado a generar el capital necesario para financiar la pensión mínima de que trata el artículo 35 de la presente ley, y hubiesen cotizado por lo menos mil ciento cincuenta semanas (1150), tendrán derecho a que el régimen de ahorro individual, en desarrollo del principio de solidaridad, les complete la parte que haga falta para obtener dicha pensión.

A partir del primero de enero del año 2014, las edades exigidas por el inciso anterior serán las previstas para la pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida y el número mínimo de semanas, será el exigido en el régimen de prima media. Para determinar la edad y el número de semanas cotizadas se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 33 de esta ley para el año en que se solicite la garantía.

Para tal efecto el Fondo de Garantía de Pensión Mínima de Ahorro Individual procederá a pagar la suma necesaria para atender la garantía de pensión mínima en las condiciones que señale el Gobierno Nacional.


Artículo 20º. El Artículo 115º de la Ley 100 de 1993 quedará así:

Artículo 115. Bonos Pensiónales.  Los bonos pensionales constituyen aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al Sistema General de Pensiones.

Tendrán derecho a bono pensional los afiliados que con anterioridad a su ingreso al Régimen de Ahorro Individual o al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el Seguro Social cumplan algunos de los siguientes requisitos:

Que hubiesen efectuado cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales o a las Cajas o Fondos de Previsión del sector público.

Que hubiesen estado vinculados al Estado o a sus entidades descentralizadas como servidores públicos.

Que estén vinculados mediante contrato de trabajo con empresas que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones.

Que hubiesen estado afiliados a Cajas previsionales del sector privado que tuvieren a su cargo exclusivo el reconocimiento y pago de pensiones.

Parágrafo: Los afiliados de que trata el literal a) del presente artículo que al momento del traslado hubiesen cotizado o prestado servicios al sector público durante menos de ciento cincuenta (150) semanas, no tendrán derecho a bono. Para el cubrimiento de estas obligaciones, los entes territoriales podrán utilizar hasta el 50% del saldo disponible en la cuenta del Fondo de Pensiones de las entidades territoriales creado por la Ley 549 de 1999, aun cuando no este constituida la reserva correspondiente al 100% del pasivo pensional.  Conforme a las reglas que establezca el Gobierno, estos recursos podrán transferirse directamente a las entidades administradoras, en nombre de los entes territoriales emisores.  
Toda pensión que se otorgue en el sistema General de pensiones, deberá garantizar, por parte de la nación, los Departamentos y Municipios, Distritos Especiales u otras entidades del Estado, la financiación correspondiente a la cuota parte pensional, que contribuya a la financiación de la mesada.
Si las entidades mencionadas no contribuyen de manera continua a la financiación de la pensión, la entidad que otorgo la pensión solo estará obligada a pagar la parte que a ella corresponda y el beneficiario podrá repetir contra las entidades que incumplan el pago de la cuota parte.



Artículo 21º. Adiciónese el Titulo I del Libro I de la Ley 100 de 1993 mediante la incorporación del siguiente Capitulo V, y de un Articulo que quedará así:

Capítulo V. Sistema de Información.  

Artículo 30-1. Sistema de Información.  Autorícese al Gobierno para el diseño y montaje de un Sistema Único de Información que permita integrar la información de los diferentes sistemas de seguridad social y pensiones, con el fin de disminuir la evasión y simplificar los trámites para trabajadores y empresarios. El Sistema podrá incluir la integración del sistema de pagos de las cotizaciones.


Artículo 22º. Modifíquense los numerales 6 y 11 y agréguese  el numeral 12 al Articulo 171 de la Ley 100 de 1993, los cuales quedaran así:  

6. Dos representantes de los trabajadores uno de los cuales representa los trabajadores y el otro a los pensionados.
11. Dos representantes de las Asociaciones de usuarios de servicios de salud, uno del sector urbano y otro del sector rural.
12. El Director Nacional De Planeación.

Artículo 23º. Agréguese un Parágrafo 2 al Artículo 187 de la Ley 100 de 1993:  

Parágrafo 2. El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud CNSSS tendrá un plazo de 6 meses a partir de la vigencia de la presente Ley para definir el porcentaje de cuota moderadora que pagaran los pensionados de menos de tres salarios mínimos, el cual podrá oscilar entre 25% y 75% del valor de la respectiva cuota moderadora.  En todo caso los pensionados con mas de tres salarios mínimos mensuales vigentes pagaran el 100% de la respectiva cuota moderadora.

Articulo 24º. Bonos Pensiónales.  La formula y los factores actuariales para definir el monto de los bonos pensionales serán calculados con una tasa real única del 4% para todo el sistema y tomando las edades de referencia del régimen de prima media con prestación definida y los topes de pensión aplicables para cada caso. Los bonos pensionales proceden tanto para los servidores públicos nacionales como para los territoriales.


En aquellos casos en que por omisión del empleador el salario sobre el que cotizó haya sido inferior al que se haya debido cotizar, el mayor valor del bono resultante deberá ser cubierto por el empleador trasladando a la administradora dicho valor.

Los bonos pensionales se redimirán en el fecha en la cual, de acuerdo con los cálculos actuariales realizados por las entidades encargadas del reconocimiento y pago de las pensiones, se haga necesario el valor de los mismos para atender las respectivas obligaciones pensionales, es decir, cuando dichas entidades estimen que el capital acumulado en la cuenta de ahorro individual se agote y sean necesarios los recursos representados en el bono pensional. Lo anterior, sin perjuicio de que el obligado pueda pagar el Bono de manera anticipada.  El Gobierno reglamentará la materia y determinará la periodicidad en que se deben hacer los pagos correspondientes.


Artículo 25º. Regulación de traslados.  Sin perjuicio de lo dispuesto para los servidores públicos en cargos de carrera administrativa, los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, sólo podrán trasladarse del régimen cada dos (2) años, contados a partir de la selección inicial, conforme al procedimiento que señale el Gobierno Nacional. Dicho límite se aplicará igualmente al traslado entre fondos de pensiones.

Sólo podrán realizarse traslados entre regímenes dentro de los siete (7) primeros años contados a partir de la fecha en que el afiliado comenzó a cotizar para pensiones. No obstante lo anterior, las personas que a la fecha de promulgación de la presente reforma a la ley 100 de 1993, hubieren ya cotizado más de ocho años podrán realizar, a partir de la fecha de promulgación de esta ley y dentro de los dos años siguientes, un traslado por una sola vez. Igualmente, los servidores públicos en cargos de carrera administrativa que deban afiliarse al Régimen de Prima Media con prestación definida en virtud de esta ley y posteriormente se desvinculen del sector público después de transcurrido el término de siete (7) años previsto en este inciso, podrán efectuar un único traslado dentro de los dos años siguientes a su desvinculación del sector público.

En todo caso, la persona afiliada al régimen de ahorro individual, sea trabajador particular o servidor público, que hubiere cumplido la edad prevista en el régimen de prima media para acceder a la pensión o que le falte menos de tres años para llegar a dicha edad no podrá trasladarse a régimen de prima media.

Parágrafo.- El traslado de un régimen a otro implica la transferencia de los respectivos aportes a través de los bonos pensionales, a los respectivos sistemas a través del Fondo de Garantías.


Artículo 26º. Reconocimiento de la deuda con el régimen de prima media. Administrado por el Instituto de seguros sociales.  Como reconocimiento de las  obligaciones de la Nación con el régimen de prima Media con prestación definida, Administrado por el Instituto de Seguros Sociales, la Nación registrará en sus pasivos contingentes el valor de las obligaciones pensiónales a cargo del Instituto de Seguros Sociales, descontando el valor de las reservas existentes al momento del cálculo. Dicho valor será revisado y actualizado anualmente de conformidad con las instrucciones que imparta la Contaduría General de la Nación.

Artículo 27º. Modificase los artículos 25 y 26 de la Ley 100 de 1993 los cuales quedaran así:

Articulo 25. Fondo de Solidaridad Pensional.

El Fondo de Solidaridad Pensional, es una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuyos recursos serán administrados en fiducia por las sociedades fiduciarias de naturaleza pública, y preferencialmente por las sociedades fiduciarias del sector social solidario, o por el Instituto de Seguros Sociales (ISS) o por las administradoras de fondos de pensiones y/o cesantías del sector social solidario, las cuales quedan autorizadas para tal efecto por virtud de la presente ley.

El Fondo tendrá las siguientes subcuentas independientes:

De Solidaridad, que tiene por objeto subsidiar, dependiendo de la disponibilidad presupuestal, durante un periodo determinado los aportes al sistema de los desempleados y de los trabajadores que tengan un ingreso inferior a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, a los afiliados  al sistema por más de 10 años, a los taxistas, a los trabajadores de la construcción, a los loteros, a los trabajadores de la cultura, a los deportistas, a las mujeres cabeza de familia pobres, a las madres comunitarias, a los discapacitados pobres, a los miembros de las cooperativas de trabajo asociativo,  de conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional.

De Subsistencia que tiene por objeto subsidiar, dependiendo de la disponibilidad presupuestal, hasta el 50% del salario mínimo a ancianos pobres mayores de 65 años, en especial las mujeres, las viudas, las madres cabeza de familia, los discapacitados y los desplazados debidamente registrados. A este subsidio se aplicara lo dispuesto por los artículos 259, 260 y 261 de la Ley 100 de 1993.

Parágrafo 1. Parte de los recursos de la subcuenta de solidaridad del fondo se destinarán para hacer aportes que promuevan la afiliación y/o  la permanencia en el sistema. El Gobierno Nacional reglamentará sistemas de pago flexibles para afiliados inactivos, empleados temporales y contratistas.

Parágrafo 2. A partir de la vigencia de la presente ley y durante seis (6) meses, para la liquidación de los intereses de mora correspondientes a las obligaciones por concepto de aportes al Sistema General de Pensiones, se aplicará  la tasa del seis (6%) por ciento anual.

Parágrafo 3. El Gobierno Nacional reglamentará la proporción y duración del subsidio de que trata el literal a)  de este artículo de acuerdo con las necesidades regionales.


Articulo 26. Objeto del Fondo de Solidaridad.

a.) El Fondo de Solidaridad Pensional tendrá por objeto subsidiar los aportes al sistema General de Pensiones de los trabajadores asalariados o independientes del sector rural y urbano que carezcan de suficientes recursos para efectuar la totalidad de sus aportes.  El subsidio sé concederá parcialmente para remplazar los aportes del empleador y del trabajador, o de este ultimo en caso de que tenga la calidad de trabajador independiente, hasta por un salario mínimo como base de cotización.  El Gobierno Nacional reglamentara la proporción del subsidio de que trata este inciso.
Los Beneficiarios de estos subsidios serán afiliados forzosos del régimen solidario de Prima Media con Prestación Definida.  No podrán ser beneficiarios de este subsidio los trabajadores que tengan una cuenta de ahorro pensional Voluntaria de que trata la presente Ley, ni aquellos a quienes se les compruebe que pueden pagar la totalidad del aporte.

b.) Contribuir a la financiación del Fondo Solidario de subsistencia creado por esta Ley.

c.) Contribuir con la financiación de las pensiones del régimen de Prima Media con Prestación Definida cuyo monto sea un salario mínimo legal vigente.

Parágrafo.- El Gobierno Nacional reglamentara los aportes que estime convenientes para el desarrollo de cada uno de los objetos propios del Fondo de Solidaridad pensional de conformidad con lo que para el efecto disponga el CONPES.

El artículo 28. Modificase el Articulo 27 de la Ley 100 de 1993 el cual quedara así:

Articulo 27. Recursos del Fondo de Solidaridad:

Subcuenta de solidaridad

La cotización del 1% sobre el salario, a cargo de los afiliados al Sistema General de Pensiones  cuya base de cotización sea igual o superior a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes;
Los aportes del presupuesto nacional. Estos no podrán ser inferiores a los obtenidos anualmente por concepto de las cotizaciones adicionales a que se refiere el numeral anterior, y se liquidarán con base en lo reportado por el Fondo en la vigencia del año inmediatamente anterior, actualizados con base en la variación del índice de precios al consumidor, certificado por el DANE;
Los recursos que aporten las entidades territoriales para planes de extensión de cobertura en sus respectivos territorios, o de agremiaciones o federaciones para sus afiliados;
Las donaciones que reciba, los rendimientos financieros de sus excedentes de liquidez, y en general los demás recursos que reciba a cualquier título, y
Las multas a que se refieren los artículos 111 y 271 de la Ley 100 de 1993.

Parágrafo.- Anualmente, en el presupuesto general de la Nación, se incluirá la partida correspondiente a los aportes que debe hacer el Gobierno Nacional al Fondo.

Subcuenta de subsistencia

El uno punto adicional de cotización a cargo de los afiliados con más de 20 salarios mínimos legales mensuales establecido en el articulo 6 de  la presente  Ley;
Se establecerá el 3% de impuesto a las pensiones desde 10 o más salarios mínimos hasta 20 SMMLV. El 7% a las pensiones desde más de 20 y hasta 30 SMMLV y el 10% para las pensiones de más de 30 SMMLV.

El 50% de la subcuenta de solidaridad se destinará a la subcuenta de subsistencia.

Artículo 29º. Dirección Del Sistema General De Pensiones.  El Sistema General de Pensiones estará bajo la orientación y regulación del Gobierno Nacional y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y atenderá las políticas, planes y programas del Gobierno para garantizar el derecho constitucional a la seguridad social en materia de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia.

La vigilancia y control se ejercerá a través de la Superintendencia Bancaria.

Artículo 30º. El Consejo Nacional Del Sistema General De Pensiones.  Créase el Consejo Nacional del Sistema General de Pensiones, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social conformado por:

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, quien lo presidirá;

El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado;

El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado;

Dos representantes de los empleadores, uno de los cuales representará la pequeña y mediana empresa;

Dos representantes de los trabajadores;

Un representante de los pensionados;

El representante legal del Instituto de los Seguros Sociales o su delegado;

Un representante por las administradoras de fondos de pensiones;

Un representante de otras entidades financieras encargadas de la gestión  de los recursos del sistema;

Dos representantes de los afiliados al sistema uno por cada régimen o sub sistema, elegidos por las asociaciones respectivas.


PARÁGRAFO 1. El consejo tendrá un secretario técnico que será designado por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, o quien haga sus veces. A través de esta secretaría se presentarán a consideración del Consejo los estudios técnicos que se requieran para la toma de decisiones.


PARÁGRAFO 2. El gobierno reglamentará los mecanismos de selección de los representantes no gubernamentales entre sus organizaciones mayoritarias, así como su periodo.

Artículo 31º. Funciones del Consejo Nacional del Sistema General de Pensiones.  El Consejo Nacional del Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes funciones:

Recomendar políticas, programas o cambios normativos encaminados a garantizar la aplicación de los principios rectores del sistema general de pensiones.

Determinar el plan anual de cobertura del subsidio de subsistencia que deberá incluir criterios de equilibrio regional y los grupos de personas beneficiarias de este subsidio, teniendo en cuenta edad y vulnerabilidad, así como las condiciones de cuantía, forma de pago y pérdida del derecho del subsidio.

Determinar el plan anual de extensión de cobertura del Fondo de Solidaridad Pensional.

Adoptar su propio reglamento.

Adoptar las medidas necesarias para combatir la evasión y elusión de los  aportes al Sistema pensional, los cuales serán de obligatoria implantación por los administradores de los dos regímenes vigentes.

Realizar permanentemente estudios actuariales, acordes con la metodología propia  de cada uno de los regímenes del sistema de Seguridad Social en pensiones, con el fin de efectuar evaluaciones periódicas cada cuatro (4) años y presentar las recomendaciones que sean necesarias  para el buen funcionamiento del sistema.  Además, el Consejo rendirá informes anuales.  

Las demás que le sean asignadas por ley o que sean necesarias para el adecuado funcionamiento del Consejo.


PARÁGRAFO 1. Las decisiones anteriores que tengan implicaciones fiscales requerirán el voto favorable del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Así mismo, las que tenga implicaciones sobre el subsidio de subsistencia o el plan de extensión de cobertura del Fondo de Solidaridad Pensional requerirán el voto favorable del Ministro de Trabajo y Seguridad Social.



Artículo 32º. Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.  Créase el Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad como patrimonio autónomo de naturaleza pública, el cual será administrado de acuerdo con la reglamentación que dicte el Gobierno Nacional.

Con cargo a dicho Fondo se atenderá, en primera instancia, el pago de la garantía estatal de pensión mínima de que trata el artículo 65 de la Ley 100 de 1993.

Artículo 33º. Lo dispuesto en esta Ley no se aplicará a los regímenes de que trata el Artículo 279 de la Ley 100 de 1993, los cuales continuarán rigiéndose por las normas allí contempladas.


Artículo 34. El artículo 149 de la Ley 100 de 1993 quedará así:

Artículo 149. Beneficiarios del fondo de pensiones de las empresas productoras de metales precioso y EMPOS. Las pensiones de los beneficiarios del fondo de pensionados de las empresas productoras de metales preciosos creado mediante la Ley 50 de 1990, y las de las empresas de obras sanitarias liquidadas serán pagadas en adelante por el Instituto de Seguros Sociales, el cual también asumirá la prestación del servicio medico- asistencial  y pago del auxilio funerario siempre y cuando el pensionado cotice para salud.  

El Gobierno Nacional apropiará anualmente en el presupuesto las partidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, y hará las correspondientes transferencias al Instituto de Seguros Sociales.


Artículo 35. Se adiciona el Título V al Libro Primero y un Articulo a la Ley 100 de 1993 y quedara así:

TITULO V. Financiación y Pago de las cotizaciones de los loteros y vendedores de chance.

ART 151- 1. Financiación y Pago de la Cotización.  Los loteros y vendedores de apuestas permanentes en tanto sean beneficiarios de FONDOAZAR, creado por el Art. 57 de la Ley 643 de 2001, tendrán derecho a que el mismo fondo les pague las cotizaciones al sistema General de Pensiones.

Para efectos de financiar el pago de dichas cotizaciones, se dispone que en el porcentaje sobre el valor de billete de lotería, de sorteos ordinarios y extraordinarios, y de la apuesta de chance que legalmente se destine al margen de comercialización de estos juegos de suerte, se incrementara en uno por ciento (1% ) que retendrán y giraran las entidades administradoras de las loterías y los concesionarios de apuestas permanentes a FONDOAZAR, dentro de los primeros diez (10) días siguientes del mes calendario causado, con información del nombre e identificación del vendedor , el monto de la lotería vendida o de las apuestas colocadas, según el caso, y el monto generado con destino a la financiación de las cotizaciones pensiónales.

Las entidades administradoras de loterías, los concesionarios de apuestas permanentes y la organización gremial que administre FONDOAZAR, adoptaran las decisiones y acciones administrativas necesarias para dar cumplimiento con lo aquí dispuesto de acuerdo con el decreto reglamentario y la disponibilidad de recursos.

El Gobierno Nacional fijara el porcentaje de los recursos que podrá destinar FONDOAZAR para gastos de administración de las cotizaciones pensiónales Y  determinara la forma como se dará prioridad a las mujeres cabeza de familia, y demás beneficiarios  en la adjudicación del derecho consagrado en este articulo.

Artículo 36. El  parágrafo 2 del artículo 275 de la Ley 100 de 1993, quedara así:

Parágrafo 2.  El seguro Social como Empresa Industrial y Comercial del Estado esta exonerado del pago del impuesto de Industria y Comercio.

ARTICULO 37. Las Instituciones de naturaleza Pública o Privada que tengan a su cargo pagar pensiones, están obligadas a cubrir estas obligaciones con prioridad sobre cualquier otro gasto.

Artículo 38º. Vigencia y normas derogadas. La presente ley rige a partir de su publicación y las normas que no hayan sido modificadas expresamente continuarán vigentes.

  FLEXIBILIZACIÓN Y REFORMA LABORAL
Una visión personal

Herman Redondo Gómez MD
FLEXIBILZACIÓN DEL DERECHO LABORAL

Las políticas laborales, enmarcadas dentro del modelo del desarrollo económico, se han concebido alrededor de lo que se ha denominado flexibilidad laboral para algunos e inestabilidad para otros; así como su contrapartida, la rigidez laboral para los primeros o estabilidad para los segundos, son temas que despiertan las mayores controversias que no son únicamente de corte puramente semántico o académico. Es claro que la flexibilización laboral no es una medida aislada sino que forma parte del conjunto de medidas propias de la apertura y modernización económica colombiana; por tanto, dentro de ese contexto debe ser analizada.

La flexibilidad en la contratación, se sustenta en la necesidad de las empresas de adaptar rápidamente el nivel de sus trabajadores al de su actividad económica, para aumentar su competitividad; por ello es común que se argumente que las posibilidades de adaptación rápida se contraponen a los sistemas que dificultan o imposibilitan la movilidad de la mano de obra; se dice que ella desalienta la creación de empleos ante las dificultades que se les presentan en el momento de prescindir de trabajadores ante baja de la demanda.

Lo anterior hace que se haya entendido por flexibilidad como la mayor facilidad para despedir; cuestión que se desarrolla en torno a los llamados contratos de trabajo atípicos; estas formas de contratación involucran también empleo a tiempo parcial, procedimientos ágiles para los despidos colectivos, reformas sustanciales sobre la Seguridad Social y la tolerancia del Estado para su ejecución.

Una clasificación de los contratos de trabajo atípicos, pudiera efectuarse sobre la base de criterios como los siguientes:

Contratos en que los horarios y la duración del trabajo son diferentes a los horarios o duración regulares: trabajo a tiempo parcial, trabajo intermitente, trabajo a la demanda.

Tercerización o triangulación de la relación laboral: préstamos de mano de obra y otras relaciones de trabajo triangulares (por ejemplo mediante la intermediación de agencias de trabajo temporal), sub-contratación de servicios, el outsourcing, tan de moda en estos días; las cooperativas de trabajo asociado o los contratos sindicales.

Contratos de trabajo que no prevén una protección particular contra el despido: Contratos de duración determinada o término fijo. Contratos civiles, de prestación de servicios personales o de obra.

Trabajos prestados bajo una forma jurídica distinta del contrato de trabajo: Aprendizaje; programa de empleo - formación (como el caso de los médicos residentes que son titulados, prestan el servicio, son subordinados de la autoridad y reciben una bonificación, pero no son considerados trabajadores sino estudiantes).

Trabajos prestados fuera del recinto de la empresa: Trabajo a domicilio o las famosas maquilas.

Otras formas de trabajo: Trabajo autónomo, trabajo clandestino.

La Flexibilidad en la Ley Colombiana:

Para dar armonía a la Globalización Colombiana y facilitar su ingreso a la economía de libre mercado era indispensable una reforma de fondo al Código Sustantivo del Trabajo (CST) dirigida con objetivos específicos, tales como: disminuir el valor del trabajo y flexibilizar la relación laboral; facilitar la temporalidad en el empleo para disminuir la estabilidad laboral; eliminar la retroactividad de la cesantía y transformarlas en un sistema de ahorro individual con el pretexto de mejorar la estabilidad después de los diez años, fortalecer el sector financiero; generalizar la contratación a término fijo y desestimular las organizaciones sindicales. La ley 50 de 1.990 es el primer hito flexibilizador, que se manifestó en los siguientes aspectos concretos:

Se desmontó la rigidez de la presunción de existencia de contrato de trabajo a partir de la relación de trabajo, dejando abiertas posibilidades de contrataciones personales atípicas, lo cual se adicionó luego con la ley 10 de 1.991 relacionada con las empresas asociativas de trabajo.

Se eliminaron las trabas para el trabajo temporal, creando formas propias para éstas contrataciones, en especial a partir del contrato de trabajo celebrado a término inferior a un año, a la par que se reglamentó el trabajo contratado por intermedio de empresas temporales, dejando posibilidades de contratación de actividades como suministro de alimentos, servicio de aseo y celaduría a partir de empresas organizadas para el efecto.

Se establecieron mecanismos que permiten imponer horarios de trabajo elásticos.

En materia salarial se introdujo una precisión en su concepción que permitió pactar conceptos remunerativos sin incidencia prestacional, como la posibilidad para las partes de excluir factores de retribución de la base salarial.

Se desmontó la retrospectividad de las cesantías como mecanismo obligatorio de contrataciones futuras, que en la práctica sirvió de instrumento para hacer que la gran mayoría de trabajadores colombianos se acogieran al denominado sistema especial, en algunas ocasiones mediante procedimientos poco ortodoxos.

Se dieron mayores posibilidades de cierre de empresas y despidos plurales y se desmontó el derecho de reintegro para los trabajadores despedidos luego de más de 10 años de vinculación laboral a término indefinido.

Se produjeron restricciones en la estabilidad laboral derivada de la sindicalización, reduciendo plazos en algunos casos y en otros casos el número de trabajadores amparados por fuero sindical.

Según Botero, con lo anterior se dieron los primeros pasos fundamentales para estar a tono con el nuevo orden, en la medida que es consustancial al capitalismo la tendencia a reducir y controlar al máximo los salarios, que son un factor estratégico en la determinación de la utilidades de las empresas, en la fijación del precio de las mercancías y, por lo tanto, en la competencia por el dominio del mercado.

La perspectiva luego de diez años de apertura es la del decaimiento de la industria nacional, que no logró integrarse en la forma requerida y que fue objeto de una inusual y repentina competencia para la que la industria criolla no estaba preparada.

Vale la pena incorporar dentro de este texto las cifras sobre empleo y desempleo de la década de 1990 al año 2000 y, a la par en el mismo periodo la evolución del IPC y del IPP, por ser indicativos de los cuales se puede deducir la coherencia entre unos presupuestos teóricos y la realidad que se padece.

Así las cosas, tenemos que el empleo y desempleo ha tenido de acuerdo con las cifras del DANE las siguientes variaciones entre los años de 1990 y 2000.







Analizando la gráfica anterior se encuentra que las tasas de empleo se han mantenido mas o menos en un 51%, a excepción del año 1990 y 1991 en que las cifras bordearon el 60%. La explicación de este incremento en el empleo, mas que en cualquier proceso de apertura (para la época era incipiente) debe explicarse por el ingreso a la economía del país de los dineros del narcotráfico.

Por otra parte, las tasa de desempleo salvo un decrecimiento leve en los años 93 y 94 (esto si en razón de las expectativas creadas por la apertura), a partir del año de 1995 se van incrementando hasta llegar a cifras que superan el 20%.

Si hacemos la suma de empleo y desempleo, encontraremos que hay entre un 30% a un 40% que no se enmarca dentro de esos parámetros y que está constituido por el segmento poblacional que se mueve dentro del esquema de la economía informal (hoy considerada "empleada" dentro de la nueva metodología del DANE); población que bordea los espacios de miseria o de simple posibilidad de subsistencia; también dentro de esta cifra se deben tener en cuenta quienes están en las filas de los diferentes organismos insurgentes y quienes ejercen actividades ilícitas como el contrabando.




Por su parte los índices de precios al productor (IPP) y al consumidor (IPC) en la última década revelan que el incremento de los índices de precios al productor fueron menores que los que se dieron con referencia al consumidor (índices tomados del DANE); lo que a su vez revela que el traslado de los mayores valores al consumidor inciden en la posibilidad menor de acceso a bienes y servicios para la población, de lo que podría deducirse como contrapartida una mayor fuente de utilidad para el productor. En nuestro país, desafortunadamente, la disminución de la inflación es producto de la disminución de la capacidad de compra por los colombianos por pérdida del poder adquisitivo de sus salarios; por ello, la solución no debe ser precarizar más los ingresos de los trabajadores que son los grandes consumidores de bienes y servicios, porque estaríamos impulsando un círculo vicioso.

Precarizar el ingreso es el objetivo central del Proyecto de Ley sobre empleabilidad presentado por el Gobierno al Congreso, veamos:

Aumenta las horas laborales sin recargo; hoy es de 6 de la mañana a 6 de la tarde sin recargo nocturno; será, según el Proyecto, de 5 de la mañana a 9 de la noche, con esto los empresarios podrán tener dos turnos de 8 horas, sin pago de extras; es decir las horas nocturnas bajan de 12 a 8 horas. No tiene soporte en la realidad de la naturaleza, solamente pretende desmontar el pago de las horas nocturnas incluidas en el nuevo margen que hoy valen un 35% adicional al de la hora diurna ordinaria.

Cambia las horas extras y festivos a cambio de más días de vacaciones (5 días remuneradas), sin establecer proporcionalidad entre lo efectivamente trabajado y la compensación de los 5 días adicionales de vacaciones. Todas las horas extras valdrían lo mismo, el 25% adicional, cuando hoy la hora extra diurna vale el 25% adicional y la hora extra nocturna vale el 75% adicional sobre la hora ordinaria diurna.  Así mismo, la compensación por el trabajo nocturno, por el solo hecho de ser nocturno se remunerará, según el Proyecto, con un recargo de 25% sobre el valor del trabajo diurno, cuando hoy ese recargo vale el 35%.  

Igualmente, según el Proyecto, cada uno de los recargos antedichos se producirá de manera exclusiva; es decir, sin acumularlos con ningún otro, cuando hoy son acumulables; por ejemplo, acumular festivo con nocturno como sucede el día sábado después de las 12 de la noche.

Trabajo Dominical y Festivo: El trabajo en domingo o días de fiesta se remunerará con el salario ordinario, en proporción a las horas laboradas; en consecuencia, salvo los recargos a que hubiere lugar, el trabajo en domingo o días festivos no generará recargo alguno, por que se supone compensado con los cinco días adicionales de vacaciones.  El negocio para los empresarios es muy bueno, existen 52 domingos en el año, más unos 15 festivos, son 67 días a cambio de solo 5. Hoy el trabajo en domingos o día de fiesta se remunera con un recargo del 100% adicional sobre el salario ordinario en proporción a las horas laborales, sin perjuicio del salario ordinario a que tiene derecho el trabajador por  haber laborado la semana  completa y el descanso compensatorio remunerado.

Estimulo a empresarios: Elimina hasta en un 100% los aportes a las Cajas de Compensación, para quienes den empleo a los reclusos, reinsertados, jefes de hogar, jóvenes y mayores de 50 años.

Bajan las tablas de indemnización por despido injustificado: Hoy se pagan 45 días por el primer año, 15 días adicionales por año hasta menos de cinco años, 20 por los siguientes hasta menos de 10 años y 40 después de los diez o más años. Se proponen dos rangos diferentes:

30 días de salario para el primer año cuando el trabajador devengue menos de 10 salarios mínimos y 20 días adicionales por cada uno de los años siguientes.
20 días de salario para el primer año cuando el trabajador devengue 10 o más salarios mínimos y, 15 días adicionales por cada uno de los años de servicios siguientes.

Francamente, no entiendo cómo se puede pretender estimular el empleo, promoviendo la disminución de la indemnización para el despido.

Sistema de protección para el desempleado: Es lo que podríamos llamar la zanahoria ante tanto garrote.  El sistema estará integrado por dos regímenes: individual y solidario.  El régimen individual se financiará con 5,33% de los auxilios de cesantía que depositará periódicamente el empleador en la cuenta que tiene el trabajador en el respectivo fondo de cesantía; más un aporte del empleador equivalente al 1% del salario mensual del trabajador, que se depositará en la misma cuenta.

El régimen solidario se financiará con una contribución de 3 puntos de los auxilios de cesantía a cargo del empleador, más una contribución del 3% mensual del salario integral de los trabajadores con esa modalidad de remuneración.

Conclusión: los empresarios deberán cancelar como impuesto al patrimonio líquido el 1,2% con destino a fortalecer las fuerzas armadas para afrontar el conflicto armado. Este es un impuesto único, transitorio. La reforma laboral es permanente.  
¿Cuánto vale para los trabajadores la reforma laboral?  
¿Cuánto se ahorran los grandes empleadores?
¿Será esta la forma de devolver con creces lo que los grandes empleadores aportaron para la guerra?
  Reforma de Pensiones
Una visión personal

A finales de la década de los años ochenta, la mayoría de los países en vía de desarrollo entraron en proceso de negociación con el BM, el cual planteó una alternativa de crecimiento económico basado en la siguiente premisa: el Estado es demasiado grande e ineficiente, los servicios a su cargo los presta a un costo muy alto y no existe competitividad, por lo cual el Estado debe reducirse y solo debe prestar los servicios básicos buscando con ello reducir la inflación. Igualmente, apareció por esa época un documento del BM titulado "Envejecimiento sin Crisis" en el que pretende demostrar que los sistemas de pensiones, fracasaron desde el punto de vista social y económico. Según este informe, los regímenes públicos de pensiones debieran limitarse al pago de modestas prestaciones uniformes y, más bien, habría que confiar el grueso de las pensiones obligatorias a los fondos privados de carácter comercial.

La Ley 100 de 1993, acorde con ese concepto del BM, creó en Colombia el Sistema de Seguridad Social en Pensiones, cuya característica principal es la coexistencia del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, manejado por el ISS y, las Administradoras de Fondos Privados de Pensiones (AFP); inspirados, como es conocido, en el modelo chileno de capitalización y ahorro individual obligatorio.

Lo de resaltar es la falacia actuarial en la que se basaron las proyecciones apocalípticas de la época para expresar que el Sistema de Prima Media Escalonada iría al fracaso, produciendo un gran costo fiscal al país; por tanto era imperativo la creación de las AFP.

El Gobierno de la época partió de la idea de que el Sistema de Prima Media Escalonada estaba técnicamente quebrado y no existía solución posible bajo sus normas. Apeló para demostrarlo, a cálculos actuariales que estimaban el monto de los pasivos pensionales hasta redimir las necesidades del último sobreviviente de los afiliados al ISS y los comparó con los ingresos regulares del mismo, más sus reservas, para deducir la insolvencia del Sistema.

Esta argumentación es un malabarismo técnico actuarial muy recursivo, pues parte del supuesto de que en un Sistema de Prima Media se requiere mantener, en todo momento, las reservas que respalden el pasivo pensional existente, ignorando que la solidaridad ínter generacional resuelve el problema: con los ingresos de los miembros activos del Sistema se pagan las pensiones de las generaciones anteriores que ya se jubilaron. A lo sumo, se requieren ajustes periódicos en las tasas de cotización, en la edad de jubilación, o en otras variables, a medida que el Sistema madura y la proporción de miembros activos sobre pasivos se reduce (relación de dependencia). De allí precisamente deriva el nombre de Prima Media ESCALONADA, para hacer referencia a los ajustes periódicos que el sistema requiere.

A propósito, el estudio de valuación actuarial realizado por la OIT afirma que: "se desvirtúan algunos estudios con escenarios catastróficos que proliferaron durante el proceso de reforma y en los años siguientes, tendientes a demostrar la no viabilidad financiera del Seguro Social, particularmente en el campo de las pensiones".

CAPITALIZACION INDIVIDUAL EDIFICADA SOBRE DESCAPITALIZACION COLECTIVA

El Estado no se ha beneficiado con la aparición del Sistema de Ahorro Individual, y esa es la primera constatación que se extrae de nuestra propia evidencia. Por el contrario, junto con los trabajadores es el otro gran damnificado con su implantación.

La gran diferencia esta entre los dos sistemas que hoy funcionan en Colombia, es que en el de Prima Media con Prestación Definida, no requiere reconocer por el Estado la deuda pensional existente y constituir reservas equivalentes para respaldarla en un momento determinado, porque técnicamente nunca se redimirán simultáneamente todas las obligaciones; mientras que en el de Ahorro Individual si se requieren las reservas para las garantías de pensión mínima; pero como no existen, debe respaldarlas el Estado, en cifras tan monstruosas que comprometerán la estabilidad, no sólo del fisco, sino de la misma economía nacional en su conjunto, veamos:

Bonos tipo A:        $24 billones (a favor de AF Privadas)
Bonos Tipo B:        $ 6  billones (a favor de AF Públicas)
Garantía Pensión Mínima: $16 billones (a favor de AF Privadas)
Fuente: Senador Carlos Corsi Otálora. Sintraseguridadsocial.

La reforma al Sistema de Pensiones en Colombia, hecha con la Ley 100 de 1993, la podríamos resumir afirmando que acabó con el monopolio del Estado representado en el ISS y las Cajas de Previsión Social, se aumentó la cotización y se hicieron más drásticos los requisitos para acceder a la pensión; se elevaron la edad de pensión y las semanas de cotización y se disminuyeron los beneficios. En relación a los regímenes imperantes antes de la Ley 100, los afiliados aportan más, para recibir menos, pensionarse cada vez menor número de personas y disfrutar la misma por menor tiempo (ver cifras de cobertura).

La otra consecuencia es el debilitamiento del Sistema de Prima Media manejado por el Seguro Social; para ello, no se ha escatimado ningún sacrificio, sin pudor plantean modificar los requisitos, beneficios y ventajas competitivas que brinda el ISS, igualándolos a los requeridos por los Fondos Privados para la obtención de rentabilidad y ganancia. Es claro que se requiere la ruina del Sistema de Prima Media para edificar sobre ella el régimen de ahorro individual que es más apropiado para los fines del sector financiero especulativo.

Por lo anterior, los trabajadores colombianos perciben la reforma de pensiones que propone el Gobierno como más gotas amargas de la misma receta de 1993; el Proyecto busca disminuir los beneficios y aumentar los aportes, la edad y las semanas de cotización, haciendo menos accesible la posibilidad de pensionarse en Colombia. Sin embargo, el Proyecto carece de soporte técnico que explique cuánto significa el ahorro de cada aspecto a modificar, cuánto pesa cada año de transición, cada año de edad, cada punto de cotización, etc. Pareciera que se están dando palos de ciego y, en ese sentido, no se garantiza que en unos años planteen nuevos ajustes, veamos:

Se anticipa la transición de la Ley 100, esto significa que los cambios surtirán efecto a partir del año 2009 y no del 2014. Es igualmente un nuevo cambio en las reglas del juego para varias generaciones. ¿Dónde queda la seguridad jurídica a la cual tienen derecho los trabajadores?  
    No tiene presentación que el mismo binomio (Álvaro Uribe Vélez y Juan Luis Londoño de la Cuesta) que suscribió el período de transición de la Ley 100 de 1993, hoy no honren dicha transición a la que se comprometieron y plasmaron en la Ley; generando incertidumbre, pérdida de credibilidad y, trastornando los proyectos de vida de muchos colombianos que contaban con su pensión. Hasta hoy en Colombia los períodos de transición han sido respetados en su totalidad, con la misma altura jurídica de un derecho adquirido.

Sube edades: los hombres se pensionarán a los 62 años y las mujeres a los 58 desde el 2009; a partir del año 2018, los hombres a los 65 y las mujeres a los 62 años.

Las semanas trabajadas, que hoy son 1000 para acceder a la pensión mínima, serán de 1.200 a partir del año 2009, y de 1300 a partir del 2018.

Cotizaciones, que hoy son de 13.5%, subirán al 14.5 % desde el 2.004 y 15.5 % desde el 2.005.

La mesada, o tasa de remplazo, será del 65% promedio de los últimos 20 años de trabajo como mínimo, cuando hoy es del promedio de los últimos 10 años. El reemplazo máximo será del 80%, para quienes aporten hasta 1.800 semanas (36 años), lo cual lo hace inalcanzable en la práctica.

Regímenes especiales. El Gobierno solicita Facultades Extraordinarias para modificar los sistemas que hoy rigen para las Fuerzas Armadas. Los trabajadores oficiales no tendrán la obligación de afiliarse al seguro Social como se acordó en el proyecto del Gobierno anterior, lo cual era una gran fortaleza para el ISS.

¿A quiénes afectara la nueva norma y quiénes quedarán bajo la Ley 100? Los Hombres que hoy tengan 54 años o más quedarán con el régimen de la Ley 100 (60 años). Las mujeres que hoy tengan 49 años o más, de igual manera mantendrán la edad de pensión a los 55 años. Los trabajadores menores de esas edades pasarán al régimen que apruebe el Congreso. ¡Es tan lesiva la propuesta que nos va a tocar defender en este aspecto la Ley 100 que tanto hemos combatido!

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TOTAL DE AFILIADOS AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES COLOMBIANO

AÑO
AFILIADOS SEGURO SOCIAL
AFILIADOS FONDOS DE PENSIONES
COTIZANTES
NO COTIZANTES
TOTAL
ACTIVOS
INACTIVOS
TOTAL
1990
2.724.340
1991
2.876.901
1992
3.167.149
1993
3.424.986
1994
3.536.710
991.620
1995
3.254.617
312.816
3.567.433
1.710.865
1996
3.254.617
1.014.066
4.268.683
2.032.405
1997
2.759.818
1.753.036
4.512.854
1.296.215
1.198.148
2.494.363
1998
2.625.667
2.013.283
4.638.950
1.516.624
1.392.009
2.908.633
1999
2.445.782
2.151.890
4.597.672
1.776.095
1.667.228
3.443.323
2000
3.291.465
1.167.430
4.458.895
1.864.223
1.880.916
3.745.139
2001*
3.246.431
1.217.317
4.463.748
2.079.748
2.071.024
4.150.772

* Datos a julio de 2001.
FUENTE: ISS, Minhacienda y Superintendencia Bancaria.


DEUDAS A FAVOR DEL ISS
(A Diciembre de 2001, en billones de pesos)

PENSIONES
VALOR
1. Cotización tripartita a cargo del Estado entre 1967 y 1993. Decreto 3041/1967
2.4
2. Reajuste quinquenal trabajadores - empleadores. Decreto 1935 / 1973
26.3
3. Aportes 20% Prestaciones. Decreto 1935 de 1973
3.9
4. Mesada adicional. Artículo 142, Ley 100 de 1993
1.6
5. Acciones B C H
0.8
6. Falta de rentabilidad de las reservas
4.2
7. Otras obligaciones. Artículo 137, Ley 100 de 1993
9.6
8. Reajuste ordenado en Ley 445 de Transferencias pendientes del Gobierno Nacional por aportes
0.009
9. Para I. V. M., Servicio Doméstico
0.067
10. Bonos TIPO B
6.7
TOTAL PENSIONES
55.6


SEGURO SOCIAL PENSIONES

DIC. -93 DIC. -2000 DIC.-2001


DATOS DEMOGRÁFICOS

AFILIADOS
3,424,986
4,458,895
4,491,051
COTIZANTES
2,145,369
2,009,466
PENSIONADOS
265,265
443,205
475,714


DATOS FINANCIEROS

INGRESOS
406,531
1,750,714
1,822,417
RENDIMIENTOS
135,161
913,505
863,133
VR. NOMINA
369,020
2,674,476
3,414,747


Relación INGRESOS / VR. NOMINA

1.47
1.00
0.79


Relación de equilibrio
Afiliados Cotizantes Activos/ # Pensionados
4.84
4.22

RESERVAS

650,245
5,191,259
4,638,477
Vejez
Invalidez
Sobrevivencia
545,611
34,728
69,905
4,403,803
271,754
515,702
4,030,521
232,708
375,249

Fuente: Estados financieros y Estadísticas (Actuaria)


Fino Serrano, Guillermo. UN AÑO DE GESTIÓN Julio 2001 - Julio 2002.